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Causa contra la esposa de diputado Tomás Rivas ya tiene fiscal

El Ministerio Público designó este miércoles al fiscal Juan Manuel Ledesma de la Unidad Anticorrupción, para que investigue la denuncia contra la intendenta de la ciudad de Ybycuí, María del Carmen Benítez, quien es esposa del diputado Tomás Rivas.

La denuncia presentada por ciudadanos de Paraguarí contra la intendenta del distrito de Ybycuí, María del Carmen Benítez, es por lesión de confianza, estafa y declaración falsa, entre otros hechos, relacionados con supuestas obras fantasmas.

Los ciudadanos temen que el diputado Tomás Rivas pueda operar para intentar blanquear o dilatar el proceso contra su esposa y en especial si la causa es trasladada a la circunscripción de Paraguarí o a la ciudad de Ybycuí, donde la pareja tendría nexos.

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La denuncia ya había sido presentada el 4 de junio pasado, pero no había un fiscal asignado. Desde prensa de la Fiscalía confirmaron este miércoles que el agente fiscal Juan Daniel Ledesma fue finalmente designado en la causa.

Recientemente, Última Hora accedió a audios en los que se escucha al diputado cartista hablar de supuestos acuerdos con concejales municipales para la aprobación de la ejecución presupuestaria de la intendenta, luego de que algunos ediles rechazaran el balance por falta de documentos respaldatorios.

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En una de las conversaciones, Rivas anunciaba supuestamente que iba a renunciar a su banca, apretado por el caso que afronta, y que su esposa asumiría en su reemplazo, como diputada suplente.

Así también, una concejala del distrito, según se oye en uno de los audios, pide al diputado “algún documentito” para poder respaldar los gastos y poder “limpiar” la gestión de la intendenta.

La intendenta lleva tres periodos consecutivos al frente de la ciudad de Ybycuí y su patrimonio para el año 2016 ascendía a G. 1.210 millones, mientras que para el año 2018 se redujo a G. 625 millones. Rivas por su parte declaró activos por G. 2.203 millones en el año 2013.

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El legislador Rivas está procesado por supuesta estafa y cobro indebido de honorarios en la causa conocida como caseros de oro, ya que el mismo habría utilizado dinero del Estado para pagar a sus empleados particulares.

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