21 jul 2026

Caso Ja’umina Fest: Condenan por tráfico de drogas y de armas a miembros del PCC

A 4, 8 y 12 años de cárcel fueron condenados tres miembros del PCC, que formarían parte de una red criminal descubierta como derivación del atentado ocurrido en el Ja’umina Fest. También está pendiente el juicio por el tiroteo.

festival Ja'umina, en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino._33456052.jpg

Fallecidos. Dos personas fallecieron tras el tiroteo en el Ja’umina Fest.

Foto: Archivo.

El Tribunal Especializado en Crimen Organizado condenó a las penas de entre 4 y 12 años a miembros del Primer Comando Capital (PCC), que formaban parte de un esquema de narcotráfico y armatráfico, que se descubrió luego del atentado del Ja’umina Fest, ocurrido en enero del 2022.

Los jueces Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto condenaron a 12 años de cárcel a Alcides Dejesús Villasboa Peralta, alias Ropero; a 8 años de cárcel a Milciades Gómez; mientras que Elio Balvino Ovelar Espinoza fue enviado a cumplir 4 años de prisión.

En la causa también estaba acusado Victorino Gómez Paredes, quien fue encontrado sin vida en su celda en la cárcel de San Pedro, en febrero de este año.

Ver también: Hallan muerto en su celda a procesado por caso Ja’umina Fest y Dakovo

Además, en la misma causa está procesado Jeis Leonardo Urquhart, político colorado, quien habría brindado apoyo logístico al PCC. Recientemente se confirmó que debe ir a juicio oral, mientras que continúan prófugos de la Justicia Anastasio Mareco, Wilson Villasboa y Osvaldo Gómez.

Las sospechas

A raíz del atentado en el Ja’umina Fest, donde falleció Marcos Rojas –el objetivo de los disparos– y la influencer Cristina Vita Aranda, como víctima colateral, ocurrido el 30 de enero de 2022, se pudo conectar cómo funcionaba una supuesta red de narcotráfico que terminó en una causa por portación y tenencia de armas, asociación, comercialización y tráfico de sustancias.

El juicio por el atentado

Por la muerte de Rojas y Cristina Aranda, dos acusados deben enfrentar juicio oral. Ellos son Alcides Dejesús Villasboa, alias Ropero, que ahora fue condenado en la otra causa a 12 años de cárcel, además de su primo Junior Michael Peralta Díaz, un policía que habría colaborado con el esquema.

Ver también: “Perdimos 30 minutos en el traslado”, dijo el médico que relató los últimos minutos de vida de Vita Aranda

Villasboa fue acusado por el Ministerio Público por homicidio doloso, como instigador, y por asociación criminal.

Se presume que habría ordenado la muerte de Marcos Rojas, porque este supuestamente habría entregado 18 kilos de marihuana peruana a USD 3.600 el kilo a Alcides, e hicieron un contrato de pago, lo cual Alcides habría incumplido.

A raíz de eso, Marcos Rojas habría recurrido al cuadro de disciplina del PCC para cobrar y eso al parecer molestó a Alcides Villasboa.

En cuanto a Junior Peralta, también acusado como cómplice en el homicidio, según la acusación, este brindaba apoyo logístico a la organización criminal y estuvo en el día del tiroteo en San Bernardino, presuntamente vigilando a Rojas.

Ver más: A tres años del mortal tiroteo en Ja’umina, aún no hay condenados

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte confirmó la prescripción del caso del ex intendente de Mbocayaty del Yhaguy, Cordillera, Luis César González Cantero, acusado de un supuesto desvío de G. 300 millones, durante el ejercicio fiscal 2013. Remitió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes del caso.
La fiscala Ruth Benítez acusó y pidió juicio oral para la abogada Zully Ortiz García y la coprocesada Evelín Librada Paredes, en la causa por supuesta coacción y amenaza de hechos punibles en donde resultó víctima el periodista y director del medio El Observador, Carlos Benítez, a raíz de las publicaciones por los casos de la mafia de los pagarés.
La fiscala Teresa Sosa se constituyó está mañana en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para recabar datos sobre los usuarios de los funcionarios que modificaron, inscribieron y registraron los 524 títulos falsos desde el año 2000 hasta el 2019. Estos eran registrados de manera irregular en apenas horas o en un solo día, siendo que el proceso lleva más un mes de gestión. Se trata de títulos que una universidad negó haber otorgado.
El testigo Gilberto Enciso, gerente de la firma Ombú SA, de propiedad de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, confirmó que hablaban de licitaciones con este, pero eran las que llamó la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa y de Justicia, no así del Interior, de donde era ministro el acusado Arnaldo Giuzzio.
El juez de Garantías Rolando Duarte libró el exhorto para la extradición en contra del ciudadano chileno que había sido detenido en la ciudad de Resistencia, República Argentina, tras llevarse desde nuestro país a su hija en forma ilegal.
Retención ilegal. Médico relata cómo policías lo retuvieron ilegalmente por más cerca de una hora.