Ese día, las alarmas de ambulancias alertaron que había heridos. Poco después, se confirmó el fallecimiento del presunto narcotraficante Marcos Ignacio Rojas –el objetivo de los disparos– y de la influencer Cristina Vita Aranda –víctima colateral–.
También salieron heridos Marcelo Monteggia Díaz, requerido por Bolivia, y José Luis Bogado Quevedo, condenado y requerido por el Brasil.
Solo poco después fueron identificadas dos personas que estarían supuestamente implicadas en el atentado: Alcides Dejesús Villasboa Peralta, a quien lo sindican como miembro del Primer Comando Capital (PCC), y su primo, Junior Michael Peralta Díaz, un policía que habría colaborado.
Villasboa fue acusado por el Ministerio Público por homicidio doloso, como instigador, y por asociación criminal.
Lo que se presume es que habría ordenado la muerte de Rojas ¿El motivo? Que Marcos habría entregado 18 kilos de marihuana peruana a USD 3.600 el kilo a Alcides, e hicieron un contrato de pago, lo cual Villasboa habría incumplido.
A raíz de eso, Rojas habría recurrido al cuadro de disciplina del PCC para cobrar y eso, al parecer, molestó a Alcides Villasboa.
En cuanto a Junior Peralta, también acusado como cómplice en el homicidio, según la acusación, este brindaba apoyo logístico a la organización criminal y estuvo en el día del tiroteo en San Bernardino, presuntamente vigilando a Rojas.
Surgió un nombre sobre el presunto pistolero, pero no fue confirmado. Con respecto a los dos acusados, el caso fue elevado a juicio, el cual debe hacerse este año.
SEGUNDA CAUSA. A raíz de la muerte de Marcos Rojas se pudo conectar cómo funcionaba una supuesta red de narcotráfico que terminó con ocho personas más procesadas, esta vez por portación y tenencia de armas, asociación, comercialización y tráfico de sustancias.
El juicio estaba previsto para mayo, pero el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, lo adelantó para el 17 de febrero, a las 08:00.
Los acusados son Victorino Gómez Paredes, Milciades Gómez, Alcides Villasboa Peralta y Ello Ovelar Espinoza.
En la misma causa está procesado Jeis Leonardo Urquhart, político colorado, quien habría brindado apoyo logístico al PCC. Ahora deben fijar fecha para su audiencia preliminar.
Los tres que están prófugos son Anastasio Mareco, Wilson Villasboa y Osvaldo Gómez.
En diciembre del 2024, los suboficiales Ramón Balbino Vargas y Félix Antonio Ayala fueron condenados por alterar el sistema informático policial para beneficiar a José Luis Bogado Quevedo, quien fue herido en el Ja’umina y buscado por Brasil. Los jueces Olga Ruiz, Víctor Alfieri y Celia Salinas dictaron la sentencia de 4 años y 6 meses para los policías por frustración de la persecución y ejecución penal. Luego del atentado se supo del historial delictivo de Bogado Quevedo. Los efectivos policiales cargaron una causa de prestación alimentaria, modificando la alerta de que le estaban buscando. Uno de los policías alegó “error”, pero según el Tribunal de Sentencia, esto no fue así. Recién después apareció la orden internacional que pesa en contra del hombre y se descubrió que tiene 34 procesos, por supuesto tráfico de drogas y armas. A raíz de eso, se confirmó la extradición de Bogado Quevedo al Brasil. Sin embargo, en junio del 2024, el juez Miguel Palacios lo revocó, ya que el hombre tiene una suspensión condicional en una causa por apropiación y tiene prohibido salir del país.