23 oct. 2025

A tres años del mortal tiroteo en Ja’umina, aún no hay condenados

Existen dos juicios pendientes, uno por el homicidio, y otro que es un desprendimiento y que saltó a raíz del asesinato del presunto narcotraficante. Ambos deben definirse este año, confirmaron.

30796883

Hace 3 años. Dos personas fallecieron en el atentado.

ARCHIVO

Eran cerca de las 21:30 del 30 de enero del 2022 cuando la fiesta del Ja’umina Fest, en la ciudad de San Bernardino, se vio interrumpida por un tiroteo en la zona del baño, que terminó con la vida de dos personas. Se cumplen tres años del hecho y juicios todavía no comenzaron.
Ese día, las alarmas de ambulancias alertaron que había heridos. Poco después, se confirmó el fallecimiento del presunto narcotraficante Marcos Ignacio Rojas –el objetivo de los disparos– y de la influencer Cristina Vita Aranda –víctima colateral–.

También salieron heridos Marcelo Monteggia Díaz, requerido por Bolivia, y José Luis Bogado Quevedo, condenado y requerido por el Brasil.

LOS PROCESADOS.png

Solo poco después fueron identificadas dos personas que estarían supuestamente implicadas en el atentado: Alcides Dejesús Villasboa Peralta, a quien lo sindican como miembro del Primer Comando Capital (PCC), y su primo, Junior Michael Peralta Díaz, un policía que habría colaborado.

Villasboa fue acusado por el Ministerio Público por homicidio doloso, como instigador, y por asociación criminal.

Lo que se presume es que habría ordenado la muerte de Rojas ¿El motivo? Que Marcos habría entregado 18 kilos de marihuana peruana a USD 3.600 el kilo a Alcides, e hicieron un contrato de pago, lo cual Villasboa habría incumplido.

A raíz de eso, Rojas habría recurrido al cuadro de disciplina del PCC para cobrar y eso, al parecer, molestó a Alcides Villasboa.

En cuanto a Junior Peralta, también acusado como cómplice en el homicidio, según la acusación, este brindaba apoyo logístico a la organización criminal y estuvo en el día del tiroteo en San Bernardino, presuntamente vigilando a Rojas.

Surgió un nombre sobre el presunto pistolero, pero no fue confirmado. Con respecto a los dos acusados, el caso fue elevado a juicio, el cual debe hacerse este año.

SEGUNDA CAUSA. A raíz de la muerte de Marcos Rojas se pudo conectar cómo funcionaba una supuesta red de narcotráfico que terminó con ocho personas más procesadas, esta vez por portación y tenencia de armas, asociación, comercialización y tráfico de sustancias.

El juicio estaba previsto para mayo, pero el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, lo adelantó para el 17 de febrero, a las 08:00.

Los acusados son Victorino Gómez Paredes, Milciades Gómez, Alcides Villasboa Peralta y Ello Ovelar Espinoza.

En la misma causa está procesado Jeis Leonardo Urquhart, político colorado, quien habría brindado apoyo logístico al PCC. Ahora deben fijar fecha para su audiencia preliminar.

Los tres que están prófugos son Anastasio Mareco, Wilson Villasboa y Osvaldo Gómez.

<b>Dos policías condenados por alterar orden de captura</b> <br/>En diciembre del 2024, los suboficiales Ramón Balbino Vargas y Félix Antonio Ayala fueron condenados por alterar el sistema informático policial para beneficiar a José Luis Bogado Quevedo, quien fue herido en el Ja’umina y buscado por Brasil. Los jueces Olga Ruiz, Víctor Alfieri y Celia Salinas dictaron la sentencia de 4 años y 6 meses para los policías por frustración de la persecución y ejecución penal. Luego del atentado se supo del historial delictivo de Bogado Quevedo. Los efectivos policiales cargaron una causa de prestación alimentaria, modificando la alerta de que le estaban buscando. Uno de los policías alegó “error”, pero según el Tribunal de Sentencia, esto no fue así. Recién después apareció la orden internacional que pesa en contra del hombre y se descubrió que tiene 34 procesos, por supuesto tráfico de drogas y armas. A raíz de eso, se confirmó la extradición de Bogado Quevedo al Brasil. Sin embargo, en junio del 2024, el juez Miguel Palacios lo revocó, ya que el hombre tiene una suspensión condicional en una causa por apropiación y tiene prohibido salir del país.

Más contenido de esta sección
Un grupo de afectados denunciaron que empresas como Vanessa y Asociados SA “tienen apoyo de personas de poder”. La abogada que representa a esa firma logró suspender su audiencia de declaración indagatoria que debía realizarse ayer.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros al fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre, quien fue filmado en un operativo encubierto al recibir una supuesta coima. Además, dispuso su enjuiciamiento de oficio por la causal de comisión de hecho punible.
El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, anuló la condena de 9 años de cárcel a un cocinero argentino acusado de que, en el año 2000, abusó sexualmente de su hijastra de entonces 16 años. Estuvo prófugo por más de 19 años y, tras ser detenido, fue a juicio oral, pero ahora hay que repetir el juzgamiento.
Además del juez de Ejecución de Cordillera, Juan Silva, las magistradas de Ejecución de la capital tramitan tutelas jurisdiccionales a favor de las reclusas del Complejo Penitenicario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), y solicitaron informes al Ministerio de Justicia sobre 652 reclusas que están en ese lugar, y sobre las que estaban ya en el régimen de semilibertad.
Fernando González Karjallo, hijo de Ramón Mario González Daher, fue promovido al periodo de prueba, con lo que se dispuso su traslado al régimen de semilibertad, con lo que gozará de más privilegios, teniendo en cuenta que ya cumplió más de la mitad de su pena de 5 años de cárcel. La jueza Sandra Kirchhofer cumplió así con la resolución del Tribunal de Apelación.