La reunión se realiza en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP). Para el efecto, fueron convocadas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, participan autoridades de la Iglesia Católica y de diferentes gremios.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que existe una firme intención del Ejecutivo de llevar adelante la reforma total del Estado y que se plantea que el borrador esté listo para dentro de tres meses.
“No tenemos una agenda cerrada. La metodología la estableceremos hoy. Creo que esto va más allá de recortar salarios. Queremos que esto se incluya dentro del Presupuesto General de la Nación del 2021. El presidente Mario Abdo Benítez está decidido a que esto se dé”, aseguró Velázquez antes de ingresar a la sala de reunión.
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El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, dijo que acude a la convocatoria para escuchar la propuesta del Ejecutivo. Aseguró que es hora de “superar la inmoralidad de los salarios altísimos que es un robo al país”.
“Vamos a apoyar todo lo que sea a favor de la gente necesitada, evitando privilegios que ofenden a la ciudadanía”, dijo el religioso.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe, sostuvo que esta es una gran oportunidad para mejorar la calidad del gasto público. Señaló que una de las medidas que se deberían adoptar es el seguro al desempleo.
Antonio Barrios, senador cartista, cuestionó que el Frente Guasu presente propuestas de incrementar impuestos en un contexto de crisis económica. Aseguró que hoy es imposible hablar de impuestos.
La reunión para analizar una reforma estructural del Estado fue convocada por el Poder Ejecutivo en medio de la pandemia del coronavirus.
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Tanto la ciudadanía como analistas políticos y económicos señalan que la situación generada por el Covid-19 debe servir para que el Estado se reinvente y se eliminen los privilegios excesivos en el sector público.
La presión ejercida por un importante sector de la ciudadanía desencadenó en el anuncio que realizó este lunes el Gobierno, de recortar los salarios de los funcionarios estatales con mayores ingresos, al menos en el periodo de la crisis sanitaria por el Covid-19.
La llegada del coronavirus al país evidenció aún más las precariedades del sistema de Salud Pública y obligó al Estado a un endeudamiento de USD 1.600 millones para afrontar el impacto de la crisis.
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Hasta la fecha, son 65 los casos de Covid-19 confirmados en el país y suman tres las muertes. Se estima que hay un subregistro de pacientes que puede superar las 600 personas.
