Estamos por elegir nuevas autoridades municipales y todos sabemos que ningún candidato enfrentará con éxito, la misión de solucionar los problemas de los ciudadanos. No existe ser humano o ningún elenco de Gobierno que pueda con todos ellos y si alguno o alguna dice que puede, miente. Es el factor más irracional de la actividad partidaria inaugurada con la democracia; pues todo se remite a reiterar rituales y consagrar ninguna posibilidad de resolución de los múltiples y variados problemas de la vida diaria.
Para comenzar, nadie desde el Gobierno municipal puede hacer mucho si no cuenta con los recursos necesarios; legales, económicos u operativos. Debido a que entre estos –especialmente los económicos– cada autoridad malgasta los suyos para pagar salarios a una inmensa cantidad de funcionarios –militantes partidarios, en realidad– que hacen imposible cualquier tarea de gobierno.
El detalle ni siquiera permite un análisis racional del tema, por lo que cualquier candidato se omite a hablar del asunto; aunque todos sepan que si la “multiplicación de los panes” haya sido una aritmética admisible en las Sagradas Escrituras, es de imposible aplicación en la vida diaria.
El otro problema es de carácter legal. Porque en el caso de Asunción, se ha omitido en las normas jurídicas de la nación, su carácter de capital de la República, por lo que es –o debiera ser– un pequeño Estado que aloja la sede del Gobierno Nacional y sus complejas funciones. Y que desde luego, deben ser representadas con calidad y jerarquía. Sede que debe estar obligada al esplendor de sus espacios públicos y al buen estado de las instalaciones como de los edificios que alojan el funcionamiento del Estado Nacional. Un ejemplo: El Poder Judicial se ha construido un par de edificios en altura para sus actividades.
El Parlamento ha ocupado un patrimonio histórico de una manzana y en sus espacios libres, ha elevado una regia mansión para sus difusas actividades. Mientras que el Poder Ejecutivo sobrevive en un edificio construido para una simple residencia, en los años 60 del siglo XIX, aunque la anomalía refleje con claridad la supuesta “igualdad de los poderes del Estado”.
Desde el poder de la República, se desconoce, aparentemente, el valor de los símbolos y de la importancia que debe otorgarse a las instituciones. Podría ser la razón porque el Gobierno Nacional solo está interesado en el poder. En su aspecto más frívolo y como mera consecuencia de su poderío electoral. Sin otra pretensión de fundamentar la calidad de su acción en la pedagogía social con la que sustentar proyectos de Gobierno; con ideas o acciones que conviertan a una circunstancial mayoría, en una poderosa maquinaria que alimente con ideas y gran eficacia, los fundamentos que sostengan un progreso nacional en todos los aspectos. Superando los frágiles y viciosos alcances del clientelismo partidario.
Estas categorías de “lo público” reflejan con claridad, las confusiones que sobre el tema, reposan en el cerebro de nuestras autoridades nacionales. Como también y aparentemente de los juristas, que no le otorgaron a Asunción, la jerarquía legal e institucional que ha tenido desde la historia. Y que también produce la indolente actitud ciudadana de padecer las tribulaciones de vivir en una ciudad sucia, enrarecida por el smog y los ruidos molestos, compitiendo con desventaja con los carteles publicitarios. Tribulaciones que junto a la frustración que nos regalan autoridades que empiezan a mentirnos desde sus vistosos carteles publicitarios, condenándonos –parece que a perpetuidad– a vivir en una ciudad históricamente digna.
Aunque indignados por sufrir el desborde insolente de algunos que han encontrado en el sistema partidario, la forma de recibir nuestro aporte ciudadano, por no hacer nada. Que no es lo mismo que vivir sin trabajar.
