No hace falta iniciar este editorial caracterizando el sistema de salud paraguayo. Para quienes enfrentan un problema de salud o simplemente buscan realizar exámenes preventivos resulta una desgracia, maltrato y angustia asistir a algún establecimiento del sistema público, incluyendo el IPS. Esta situación tiene consecuencias económicas que al no medirse y calcularse no se dimensionan. Las consecuencias no se limitan a la persona involucrada de manera directa, sino también a otros integrantes de la familia y a la economía en general. La situación es tan apremiante que llama la atención de informes internacionales e incluso de medios de prensa extranjeros. Uno de los efectos más terribles de la baja inversión en salud y del pésimo funcionamiento del sistema sanitario es el peso del gasto de bolsillo, es decir, de los pagos directos que las familias realizan al recibir atención médica, adquirir medicamentos o costear internaciones.
En Paraguay, este componente representa el 40% del gasto total invertido en el país. Esta proporción de gasto de bolsillo es considerada alta, ya que presenta un elevado riesgo de empobrecimiento. Los estudios señalan que cuando el gasto de bolsillo supera el 20%, los hogares de ese país se empobrecen cuando alguno de sus integrantes debe recibir atención de urgencia o una internación.
El gasto de bolsillo elevado se relaciona con el endeudamiento de los hogares. Ante un evento de salud no planificado, las familias recurren con frecuencia a préstamos informales o líneas de crédito de consumo para afrontar los costos médicos.
El 22% de las mujeres y el 13% de los hombres están endeudado por salud en nuestro país, según una encuesta periódica realizada por un organismo internacional. La ausencia de instrumentos de protección financiera frente a eventos catastróficos de salud deja a los hogares expuestos a decisiones de financiamiento que comprometen su estabilidad económica en el mediano plazo, incluso años después de superado el evento original.
Al 40% de gasto de bolsillo se agrega el 9% de gasto en seguros médicos privados, con lo cual la cifra de lo que gastan los hogares llega al 49% del total; es decir, la mitad de lo que el país gasta en salud proviene de los hogares, que en general, la mayoría no cuenta con ingresos suficientes ni siquiera para gastos básicos como alimentación, vestimenta, vivienda y movilidad.
La precariedad del sistema de salud no afecta solo a las familias de manera individual, sino que tiene impactos en las empresas y a nivel macro en la productividad y el producto interno bruto. La dificultad de acceso oportuno a servicios de salud puede prolongar el tiempo de recuperación de enfermedades o postergar diagnósticos, lo cual incrementa los días de ausencia laboral o, en sentido inverso, obliga a las personas a trabajar en condiciones de salud deficientes por no poder prescindir del ingreso diario, fenómeno conocido como presentismo.
El tiempo que las familias destinan a gestionar la atención médica de un integrante enfermo reduce además la disponibilidad de tiempo para actividades productivas remuneradas, particularmente entre las mujeres, que asumen de manera predominante las tareas de acompañamiento.
La combinación de inestabilidad económica, endeudamiento y exposición a eventos de salud no cubiertos repercute en el bienestar psicológico de las personas trabajadoras, con efectos documentados en la literatura internacional, como ansiedad, alteraciones del sueño y disminución del rendimiento laboral. El 43% de las personas adultas paraguayas tiene como una de sus principales preocupaciones tener suficiente dinero para pagar los costos de una enfermedad.
Las historias personales difundidas en medios internacionales como BBC y People durante el mundial no constituyen una casuística ni un fenómeno aislado. Al contrario, son el reflejo y el preludio de lo que la mayoría de la población paraguaya ya sufrió o va a sufrir si no cambia radicalmente el financiamiento y funcionamiento del sistema de salud.
Avanzar hacia un sistema de salud universal, integral y gratuito constituye un componente necesario para reducir la vulnerabilidad económica de los hogares y los efectos negativos sobre la productividad y producto interno bruto y garantizar el bienestar de la población.
