Estoy seguro de que el político corrupto no se percibe como un delincuente ni siquiera como una mala persona. Lo más probable es que justifique sus trapisondas alegando que el sistema funciona de esa manera, y que para permanecer en el poder y lograr los cambios que beneficien a la mayoría, no le queda otra alternativa que recaudar su parte. Ellos ven el latrocinio público como un mal menor, el costo necesario para mantener la “estabilidad política”.
En la misma línea, se autoconvencen de que son la causa principal de que la economía crezca, y de que el país hoy genere bienes y servicios por más de 60 mil millones de dólares.
Ese político tampoco considera un abuso emplear a sus familiares y amigos en el Estado. Cree que haber hecho el trabajo político necesario para captar votos le da el derecho de ocupar espacios en la administración pública. Por supuesto, como ya lo dijo el propio presidente Santiago Peña, está convencido de que no son los méritos académicos ni la idoneidad sino la conscripción partidaria la que habilita a las personas a ocupar un puesto.
En la misma línea, se repite permanentemente que, aunque saque alguna ventaja espuria, sus acciones en general son más beneficiosas que perjudiciales; o que, en el peor de los casos, el daño patrimonial que ocasione siempre será menor que el que provocaría alguien de la facción política contraria. De alguna manera, el corrupto criollo no se siente un pirata que toma por asalto el bergantín estatal, se considera más bien un corso, alguien con autoridad legítima y legal –de una ley no escrita– para reclamar su parte del botín después de unas elecciones victoriosas.
Esta anomia moral se extiende generosamente a la hora de calificar a sus pares. El político corrupto no cree ni por un minuto que los otros políticos corruptos sean malas personas. Todas tienen por objetivo final beneficiar al pueblo respaldando los proyectos de la administración de turno. Que durante la gestión de ese gobierno se les permita generar sus propios ingresos orientando una licitación o respaldando algún cobro adelantado es solo reciprocidad. Ninguno de ellos se pregunta cómo ese legislador, juez, fiscal, comisario, intendente, gobernador o concejal pudo incrementar groseramente su patrimonio con un ingreso menor. Lo saben. Y les parece correcto; incluso justo y necesario.
Esta valoración de las acciones ilícitas solo cambia cuando el ejecutor pertenece al movimiento o al partido contrario. Allí la avivada, la travesura, el pequeño desliz se convierte en un agravio intolerable, un hecho bochornoso, una acción escandalosa, un delito de lesa patria. Y esto es así –esgrimen– porque quien delinque desde la vereda de enfrente lo hace exclusivamente para beneficio propio; no como los de la vereda propia, que lo hacen siempre para financiar la permanencia del grupo en el poder y garantizar en definitiva el bienestar del pueblo.
Parece broma, pero es una anécdota. Pruebe a debatir el asunto con uno de estos pillos y verá que es así. Y prepárese además para el aluvión de lamentos, porque ese político corrupto, si es que en algún momento fue blanco de publicaciones periodísticas, le asegurará sin sonrojarse que toda denuncia, investigación o imputación que lo afecte solo puede responder a una persecución política. Por supuesto, si el investigado o el denunciado fuera un rival político no habría dudas de que se está haciendo justicia; si es él o cualquiera de los suyos se estará claramente ante una vendetta política.
Que los políticos corruptos construyan esta narrativa y pretendan convencerse a sí mismos de que es cierta no debería de sorprendernos.
Es natural que las personas busquen justificar sus acciones sacándose de encima el rol de villano. Nadie quiere ser el malo de la película. Lo que resulta incomprensible es que haya quienes les crean; o peor aún, que sepan que solo son mentiras, pero voten como si se las creyeran.
No hay corruptos buenos. Ni crédulos inocentes. Quien finge creerles es funcional a la mentira. Un cómplice por indolencia o mera estupidez.
