29 mar. 2026

“ANR hace lo que quiere”, dice diputado por blanqueo a Hugo Javier en Central

El diputado Édgar Acosta, por el PLRA, aseguró que la Cámara de Diputados obvió las evidencias de corrupción y salvó de la intervención al gobernador de Central, Hugo Javier González, por “un negocio”.

Hugo Javier González

Hugo Javier se reune con representantes de la Cámara de Diputados.

Foto: Rodrigo Villamayor.

Para el legislador liberal Édgar Acosta, los diputados colorados omitieron de forma intencional las exposiciones técnicas de la acusación contra Hugo Javier y decidieron salvarlo porque tienen votos.

“El Partido Colorado hace lo que quiere desde hace años. Lo que pasó con Central es que la exposición técnica no sirvió de nada para ellos. A Hugo Javier lo defendieron por un negocio, porque tienen votos. La desorganización en Central está organizada, este es un esquema que está montado”, afirmó.

Acosta aseguró que el gobernador de Central es el responsable directo de las irregularidades detectadas por los organismos de control y adelantó que seguirán apareciendo inconsistencias.

''Esto tiene mucho más, el robo escandaloso que se va a encontrar cuando se audite sorprenderá mucho más. Por eso lo que quiero la intervención, para analizar en profundidad’’, expresó el parlamentario a Telefuturo.

Por otro lado, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dijo que no confía en el trabajo del Ministerio Público en lo que respecta al proceso contra el político cartista.

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“Robaron asquerosamente y esta situación de impunidad está vigente en Central. La Fiscalía, si no tiene detrás a un supervisor de EEUU, no llega a una conclusión como pasó con un colega que recientemente fue sobreseído. No confío en que la Fiscalía concluya nada”, aseguró.

Diputada no descarta nuevo pedido de intervención

La diputada Rocío Vallejo, por el PPQ, lamentó que la oposición se haya prestado al juego de colorados para que Hugo Javier se salve de la intervención.

''Esto es un escándalo de corrupción. Nosotros representamos a la ciudadanía y nuestra labor es cuidar los recursos públicos. Lastimosamente tenemos que decir que estamos doblemente derrotados los que sostuvimos la fundamentación del pedido de intervención. La oposición no hizo de oposición”, sostuvo.

Vallejo aseguró que con la auditoría que se realiza a los otros periodos de gestión de Hugo Javier González, podrían saltar nuevos hechos de corrupción que ameriten un pedido de intervención.

“Nuestra preocupación es que este señor administró mal los recursos públicos. La Contraloría dice que no tiene un solo papel de rendición de cuentas de la oenegé. Las irregularidades y violaciones normativas son inmensas y él es responsable y no puede eludir esto”, dijo.

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Antecedentes

Políticamente no queda nada que hacer tras el mensaje de impunidad enviado por Diputados con el rechazo a la intervención, el pasado miércoles. No obstante, el Poder Judicial y la Fiscalía tienen en sus manos el futuro de Hugo Javier.

En la primera causa que abrió el Ministerio Público, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said imputaron el 1 de noviembre, cinco meses después de la denuncia, al jefe departamental y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

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La segunda causa fue abierta el 23 de noviembre por facturas falsas que presentó la Gobernación de Central, que desembolsó más de G. 5.000 millones a la asociación Tekove Servicio de Acción Social, que a su vez contrató a una constructora para obras, que no cuenta con documentos de respaldo.

El 3 de diciembre el fiscal Juan Ledesma anunció que se abrió una tercera causa para investigar un supuesto desvío de G. 52.000 millones.

Esto se desprendió de la denuncia de concejales departamentales liberales sobre el informe de Contraloría que revela que G. 18.000 del presupuesto de la Gobernación no fueron respaldados con facturas, luego de ser transferidos a varias organizaciones.

Sin embargo, el agente fiscal, que ese día allanó la sede de Central, informó que esas mismas instituciones recibieron transferencias también en el 2020, por lo que el monto investigado ascendió a G. 52.000 millones.

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