Blanqueo agotó opciones políticas y Justicia deberá definir caso Central

El blanqueo otorgado al gobernador de Central, Hugo Javier González, con el rechazo a la intervención de la Gobernación por parte de diputados colorados, agotó la última posibilidad de una acción política, por lo que queda en manos de la Fiscalía hacer justicia ante las cuantiosas irregularidades con fondos públicos en plena pandemia.

En total, existen tres causas abiertas por el Ministerio Público con tres fiscales liderando cada investigación.

PRIMER CASO. En la primera causa que abrió el Ministerio Público, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said imputaron el 1 de noviembre, cinco meses después de la denuncia, a Hugo Javier y otras 14 personas, entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la fundación CIAP, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

La carpeta fiscal señala que en diciembre del 2020, González habría autorizado desembolsos para CIAP, por un total de G. 5.105 millones de los Fondos Covid (G. 3.063 millones para construcción y G. 2.042 millones para pavimentación), pero nunca hubo proyecto concreto. La Gobernación pagó por las obras, pero estas no fueron respaldadas con documentos, por lo que habrían acomodado facturas tratando de justificar las acreditaciones. CIAP rindió cuentas ante la Contraloría fuera de tiempo y presentó facturas falsas y clonadas. Esos mismos documentos entregó la Gobernación a la Contraloría.

Segundo caso. La segunda causa fue abierta el 23 de noviembre por facturas falsas que presentó la Gobernación de Central, que desembolsó más de G. 5.000 millones a la asociación Tekove Servicio de Acción Social, que a su vez contrató a una constructora para obras, que no cuentan con documentos de respaldo. Ese mismo día la comitiva fiscal realizó dos allanamientos, uno en Ñemby, en un vivienda donde funciona la constructora DL Arquitecture Paraguay, contratada por la asociación. Estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster y Diego Arzamendia. En la casa no había empleados administrativos y la empresa operaba en el lugar hace dos meses.

El segundo allanamiento fue en Limpio, en la sede de la Asociación Tekove, que funciona en una pieza de una casa alquilada como oficina. Ahí tampoco se encontraron facturas.

TERCER CASO. El 3 de diciembre el fiscal Juan Ledesma anunció que se abrió una tercera causa para investigar un supuesto desvío de G. 52.000 millones. Esto se desprendió de la denuncia de concejales departamentales liberales sobre el informe de Contraloría que revela que G. 18.000 del presupuesto de la Gobernación no fueron respaldados con facturas, luego de ser transferidos a varias organizaciones. Sin embargo, el agente, que ese día allanó la sede de Central, informó que esas mismas instituciones recibieron transferencias también en el 2020, por lo que el monto investigado ascendió a G. 52.000 millones.

Varias fundaciones así como centros educativos recibieron millonarias transferencias sin que haya documentos respaldatorios ni rendición de cuentas a Contraloría.

Chicana. Está pendiente una fecha para la audiencia de imposición de medidas, que fue aplazada porque Hugo Javier designó a un abogado que tiene conflictos con el juez, que deberá apartarse para que destrabar el caso.