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800.000 pacientes en riesgo por embargo contra Fundación Tesãi

800.000 pacientes que acuden a diferentes centros hospitalarios pueden verse afectados por un embargo preventivo decretado la semana pasada en contra de la Fundación Tesãi, lo que derivaría en la falta de recursos, según sus representantes.

El asesor jurídico de la Fundación Tesãi, Samuel González, catalogó esta disposición judicial como un hecho inaudito e indicó que unas 800.000 personas que dependen de los servicios brindados en diferentes hospitales se verán afectadas.

“Difícilmente podamos asumir la compra de insumos y medicamentos”, dijo González, al tiempo de informar sobre el peligro latente del cierre de la fundación.

Por su parte, Ruth Zayas, gerente técnica de Salud, detalló que esta organización brinda servicios a través de distintos hospitales, informó el corresponsal Wilson Ferreira.

En ese sentido citó al hospital del Área 2 de Ciudad del Este, el Materno Infantil Los Ángeles y el centro asistencial de Yguazú.

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Además, prestan servicios especializados en otros tres centros de Hernandarias, Presidente Franco y Ciudad del Este, en convenio con la cartera sanitaria.

“La población vulnerable se va a ver sin esa capacidad de respuesta asistencial que necesiten. Por eso es muy preocupante, porque este embargo afecta un derecho fundamental como lo es la salud”, señaló.

Antecedentes del caso

El embargo preventivo fue decretado el pasado 30 de enero por Graciela Panza, jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de Ferias de Ciudad del Este.

El monto total asciende a G. 29.725.922.900, que sumado a los intereses ascendería a una suma de alrededor de G. 75.000 millones.

El caso guarda relación a un reclamo de crédito fiscal, en el marco de un juicio sobre medidas precautorias entablado por el abogado César Luis Gabino Puente Cuéllar.

Conforme a los antecedentes, el letrado representó los intereses de Tesãi en la última etapa de un proceso en el lauro arbitral, en fecha 30 de octubre del 2015.

Los datos refieren que la organización abonaba el impuesto al valor agregado (IVA), cuyas devoluciones fueron solicitadas a Tributación, logrando fallos favorables, pero las autoridades de la fundación de ese entonces cedieron este derecho a favor del Estado paraguayo, mediante acta del 21 de enero de 2013.

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