La inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, aseguró que todavía no hay una fecha definida para el regreso de los controles aleatorios para las pruebas de alcotest.
No obstante, indicó que una vez que reúnan la cantidad necesaria de equipos anunciarán a través de sus medios en internet y las redes sociales, acerca de la fecha de inicio.
Explicó que existe un déficit de aparatos para la prueba y que un grupo que está en proceso de certificación en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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“De hecho, que los 150 con los que contábamos anteriormente, ahora tenemos menos de la mitad. Algunos están siendo reparados y otro en proceso para certificación de INTN. Aguardamos los que están siendo certificados, que vuelvan a la institución, para volver a hacer los controles, una vez que vuelvan los equipos”, sostuvo Ferreira.
La inspectora de la Caminera alegó que por este motivo se había dejado de realizar los controles aleatorios.
Pero, la institución informó a finales de 2023 que decidió no realizar más sin presencia de la Policía Nacional y la Fiscalía por nueva política “para mejorar y transparentar los procedimientos”.
En ese entonces, indicaron que la Patrulla Caminera fue salpicada por denuncias de falsos positivos a personas que no bebieron y supuestos pedidos de coima por parte de inspectores en los controles realizados en las rutas.
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“Para que la gente también tenga en cuenta y no ande, como suelen estar ahora mismo, en estado etílico, conduciendo un rodado. Entonces, a tener en cuenta que los controles van a ser fuertes y aquellos conductores que sean sorprendidos van a ser sacados de circulación”, advirtió la jefa de Relaciones Públicas.
Recordó que la tolerancia de grado de alcohol es cero y que desde 0,001 mg/l de alcohol en el aliento es considerado una infracción. Entre 0,200 y 0,250 mg/l es considerado falta grave y el conductor se expone a una multa de 4 a 10 jornales mínimos.
En cuanto, la falta gravísima, ronda entre 0,251 y 0,399 mg/l, que pasible de una multa de 11 a 20 jornales mínimos o de una imputación por parte de la Fiscalía.
