Representantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés mantuvieron hoy una reunión con el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, a quien le pidieron reconsiderar el pedido de suspender los embargos que continúan sufriendo miles de afectados. La respuesta es que analizarán la solicitud y se tendrá otra reunión el lunes 27, a las 08:00.
“Vinimos a repudiar, a expresar la indignación de la Corte ante tantas evidencias que surgieron... Venimos con el rostro descubierto, porque la gente sufre, la gente pasa hambre”, expresó Pedro Coronel, vocero de la coordinadora.
Comentó que se le presentó al ministro un relatorio y las propuestas y este les sugirió nuevas salidas procesales en el ámbito penal. “Quedamos en trabajar con ellos y evaluar eso”, comentó.
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Ramírez Candia también se comprometió en hablar con los demás ministros, a que se agilice la suspensión de los embargos y los efectos de estos.
Desde el Poder Judicial comunicaron que “el encuentro tuvo como objetivo dialogar sobre la problemática que enfrentan las personas afectadas, así como analizar medidas que contribuyan a prevenir y erradicar irregularidades en este tipo de procesos”.
Más de 17.000 afectados
Pedro Coronel reiteró que son más de 17.000 las víctimas de la mafia de los pagarés que son demandados, pese a cancelar sus cuentas o con documentos que se les inventa.
Para la movilización de hoy frente al Palacio de Justicia hay personas del interior que tuvieron que salir 120 kilómetros antes de poder tomar un bus que los traslade hasta la capital.
Incluso, una pareja ya no está cobrando nada de su sueldo, porque todo se va en embargos. “La situación es bastante triste, lamentable. Sigue este esquema, siguen los descuentos, siguen los ofrecimientos de los delincuentes”, detalló.
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Mencionó Coronel que, según los datos que lograron estudiar, es aproximadamente USD 82 millones el dinero que mueve la mafia de los pagarés, monto “que entra de manera sistemática”.
Resaltó que si no existiese complicidad, ya se hubiese solucionado, por lo que no creen que la Corte no tenga la atribución de solucionar.