En el caso de la mafia de los pagarés, respecto al Juzgado de Paz de San Roque, donde también está procesada la ex jueza Liliana González de Bristot, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la aplicación del procedimiento abreviado.
La fiscala Belinda Bobadilla, durante la preliminar realizada en la causa, se allanó al pedido de aplicación del procedimiento abreviado para los encausados.
Así, condenaron a dos años de cárcel al abogado Félix Óscar Gill, en representación de la firma Cobranzas Eficientes y Oportunas SA, para quien se suspendió la ejecución de la condena, con el pago de G. 30 millones como reparación del daño social.
Igualmente, aplicaron la pena de dos años de encierro, pero con suspensión condicional del procedimiento a Pedro Olmedo Caro, en representación de la empresa Serfin SA, quien deberá donar G. 24 millones.
Asimismo, el oficial de justicia Héctor Noguera también tiene una condena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena, quien donará la suma de G. 35 millones.
Lea más: Ex jueza denuncia por violencia a vecino que le escrachó por la mafia de pagarés
Finalmente, la también oficial de justicia Paola Vargas tiene una sentencia de dos años de pena privativa de libertad, pero con la donación de G. 24 millones, como reparación del daño social. En todos los casos, los procesados reconocieron los hechos.
Presentaron certificado médico de reposo –por lo que se suspendió la preliminar– los ex ujieres Líder Benegas y Heber Hernán Cardozo, así como el abogado Carlos Agüero León, en representación de LAB SA.
En esta causa, están acusados la ex jueza González de Bristot; los actuarios Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz y el oficial de justicia Óscar Frutos. También fueron acusados los abogados Cynthia Raquel Gaona Acuña, en representación de Litoral Trading SRL, y Aníbal Cino Isnardi, en representación de Nexo SA.
Asimismo, Gerardo Stockel Duarte, de la firma Nexo SA; Fátima Viola Ojeda González, por la empresa Mi Paraguay SA; Eliana Rodríguez, por la firma Carsa; Marta Martinessi Culzoni, en representación de Chacomer SAE; Mario Gabriel Rojas Ayala, por la Cooperativa San Cristóbal Ltda., y Pedro Olmedo Cano, en representación de Serfin SA.
