El ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Batgalia, estaría arribando hoy al país para someterse a la Justicia, según fuentes de su entorno. El hombre está imputado por supuesta lesión de confianza tras haber avalado –a través de adendas– un contrato de instalación de quirófanos modulares con la empresa Neighpart Saeca pese a transcurrir el plazo establecido y no avanzar en las obras.
Bataglia llega desde Italia, donde realiza un curso de Medicina desde el pasado 23 de julio. Sin embargo, la Fiscalía presentó la imputación en su contra el pasado 4 de agosto y pidió su arresto.
Desde entonces, su abogado afirmó que su cliente va a volver al país para ponerse a disposición de la Justicia. Su regreso conllevaba un traslado desde la ciudad de Roma, con una escala en Madrid, España, para luego retornar a nuestro país.
En cumplimiento a la orden de detención pendiente, una vez que pise suelo paraguayo, Bataglia sería arrestado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para luego ser trasladado hasta el Poder Judicial, donde deberá ser puesto a disposición del juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, para su audiencia de imposición de medidas.
Imputación. El abogado Arturo Daniel había advertido que Bataglia estuvo pendiente de todos los llamados de la Fiscalía, mientras duraba la investigación.
Calificó la imputación como desproporcional, así como la orden de detención con pedido de prisión preventiva que firmó el fiscal Julio Ortiz.
Vicente Bataglia, quien asumió al frente del IPS el 11 de marzo de 2021 y renunció en agosto de 2023, es hoy sindicado como uno de los autores de un perjuicio patrimonial de más de G. 61.000 a la previsional.
Cuestionada Licitación. La investigación penal se centra en una licitación realizada en el 2019, que fue adjudicada en el 2020 a la empresa Neighpart Saeca, que firmó contrato con el IPS por un monto de G. 53.000 millones para la provisión de equipos para la instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Hospital Central. Apenas se firma el convenio con la firma, el IPS entregó el 20% de anticipo.
Pasaron seis meses y la obra no se realizó, “por culpa del IPS que no estaba haciendo espacio para que se pueda realizar dentro del edificio”.
Pese a eso, la empresa volvió a solicitar el segundo pago, pero Contrataciones Públicas recomendó el no desembolso. La negatividad de DNCP fue obviada por las autoridades de la previsional, y el entonces presidente Vicente Bataglia firmó una adenda, haciendo una ampliación del plazo de entrega con la empresa y la erogación de dos pagos.
Seguidilla de adendas. Se trata de la Adenda N° 3, firmada el 29 de julio de 2022, que habilitó un desembolso del 10% del total del contrato, equivalente a G. 5.300 millones, bajo el argumento de pago por trabajos preliminares. Poco después, se ejecutó un segundo desembolso por G. 4.948 millones, en agosto de 2022.
El 14 de abril de 2023, Bataglia, junto a sus funcionarios, suscriben la Adenda N° 4, agregando insumos (placas fotovoltaicas) en el pliego de bases y condiciones, adicionando un monto de G. 8.186 millones al monto inicial, con lo que el contrato pasó de G. 53.000 millones a G. 61.000 millones. Con esa ampliación, se llegó a efectivizar otro pago directo de G. 680 millones.
Luego, Bataglia renunció al cargo y asumió en su reemplazo, Jorge Brítez, quien junto a sus directivos, nuevamente ampliaron el contrato con las adendas N° 5, N° 6 y N° 7, que si bien no incrementaron el presupuesto, habilitaron la reestructuración del plazo.
El fiscal Julio Ortiz determinó que hasta ahora ni los quirófanos ni placas fotovoltaicas se instalaron y que los entonces presidentes habrían favorecido a la empresa.
Fiscal sigue esperando informes sobre los consejeros
Desde hace semanas, el fiscal Julio Ortiz sigue esperando los informes del Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a las reuniones de Consejo de Administración de la previsional que suscribieron las adendas con la empresa Neighpart Saeca en el sospechoso contrato en la adquisición e instalación de quirófanos modulares.
Lo que la Fiscalía precisa son los documentos que demuestren quiénes fueron los que votaron a favor de los pagos mediante las adendas, que ocasionaron un perjuicio de G. 61.000 millones a la institución.
Además de estas documentaciones, el fiscal Ortiz también había requerido las grabaciones de las sesiones, de manera a corroborar la participación presencial de los consejeros y sus votos.
Esta es la última semana de plazo que dio el agente a las autoridades del IPS, “caso contrario, tendría que volver a presentar una nota o a constituirme a los efectos de buscar personalmente esas documentaciones”, había declarado días atrás el fiscal Julio Ortiz.
El representante del Ministerio Público ya había anunciado que los consejeros que votaron a favor de realizar el pago mediante las adendas también serán imputados en la causa, en carácter de cómplices.
¿Niegan Datos? El fiscal Julio Ortiz alertó que al mismo presidente del IPS, Isaías Fretes, no le estaban dando retorno sobre el pedido de datos de los anteriores consejeros cruciales para el avance de la investigación y “para tener en cuenta justamente estas decisiones, quiénes votaban”.
“El Dr. Fretes no me pudo proveer, justamente porque tampoco tiene personas que le estén proveyendo”, afirmó el fiscal. Lo que busca el investigador son datos de los integrantes del Consejo, quienes “incluso con notas negativas de Contrataciones Públicas y la propia Auditoría Interna” firmaron a favor del desembolso a la firma.
nueve imputados. Hasta el momento son nueve los imputados por la Fiscalía por el supuesto hecho de lesión de confianza. Se trata de los ex presidentes Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez; y los ex gerentes de Logística y Abastecimiento Hugo Aranda y Jaime Caballero.
También, los ex directores de Mantenimiento, José Raúl Coronel y Verónica Alexandra Blanco; los ex directores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Juan Villar y Marcelo Bordón; y la asesora jurídica Rosa Colmán.
Ocho de ellos ya se presentaron a la Justicia y están con libertad ambulatoria.
El foco de la causa está en el Contrato N° 6/2020, que pretendía reacondicionar e instalar por primera vez quirófanos modulares.
