La acusación es por los delitos de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, según el escrito de 113 páginas presentado ante el juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú.
En el caso, el magistrado de Garantías solo había admitido el cargo de lesión de confianza debido a que el segundo hecho de daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, no fue descripto correctamente.
Incluso, había sido devuelto por el juez Osmar Legal, que había devuelto el pedido delMinisterio Público, por los citados motivos.
Justamente, la defensa había recusado a los agentes fiscales porque citaron a indagatoria a Wiens por este último delito, cuando que no había sido aceptado por el juez Otazú.
Acusación fiscal
La acusación estaba fijada para este domingo 16 de agosto, pero los fiscales adelantaron su presentación ante el juzgado.
Los agentes primero hablan de los antecedentes del fallido proyecto, sobre los estudios de tráfico vehicular hechos entre 1984 y 2002, conforme refiere por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
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Luego, de los contratos del préstamos del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un total de USD 125 millones, en el año 2010. Se hablaba como objetivos, la reconversión urbana y el primer corredor de transporte público masivo.
Luego, de las obras realizadas durante la administración del ahora sobreseído ex ministro Ramón Jiménez Gaona y la ex viceministra Marta Benítez.
Finalmente, en su acusación, dice que el 15 de agosto del 2018, asume Arnoldo Wiens como ministro de Obras Públicas.
Remarca que cuando asumió, las obras tenían un 40% de avance y ya se había ejecutado infraestructura financiada con recursos públicos.
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Los fiscales dicen que el 5 de setiembre del 2018, Wiens dispuso la intervención de las obras por 90 días, donde se verificaban los tramos.
Según la acusación, Wiens, en declaraciones de los medios, dijo que las causales de aviso de suspensión de o bras de los representantes de la contratista Mota-Engil, fueron injustificadas, tales como la falta de pago, ya que el MOPC cumplió con ellos.
No obstante, dicen los fiscales que pese a que dijo que no existían causas que justificaran la suspensión, durante la inspección de noviembre, anunció la eliminación de todas las zanjas para que el tránsito sea normal.
Cambió objeto de obras
Supuestamente, habla de las conversaciones entre la empresa y el MOPC y que a pedido del acusado, se cambió totalmente el objeto de las obras, con lo que la finalidad dejó de ser la construcción de la infraestructura necesaria para la implementación del Metrobús.
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Con ello, dicen que la suscripción del acta de entendimiento constituyó un acto administrativo que modificó sustancialmente la finalidad del contrato, y que se alteró el destino del patrimonio público ya incorporado al proyecto.
“Arnoldo Wiens Dürksen dispuso la utilización de recursos públicos para destruir e inutilizar parcialmente esa misma infraestructura pública, frustrando la finalidad para la cual había sido concebida y ejecutada”, afirman.
Sostienen que el 24 de febrero del 2020, el entonces ministro dio por terminado unilateralmenmte el contrato. El MOPC había gastado G. 6.924.624.006 en estaciones que fueron destruidas. En total se pagó a la firma Mota-Engil G. 180.030.528.699, por obras ejecutadas y certificadas.
Cabe aclarar que, el perjuicio económico derivado de la disposición de los bienes afectados específicamente al Proyecto RU/BTR–Metrobús para fines distintos, no pudo ser cuantificado a través de los elementos de convicción reunidos.
