El senador colorado Alfonso Noria, quien reemplazó a Gustavo Leite en la Cámara Alta, fue señalado por la familia Maíz Orellana de estar involucrado en el despojo de parte de tierras que disputan en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, en el Chaco paraguayo.
Noria niega totalmente haber realizado el desalojo. Comentó que alquila algunas propiedades de la zona y acusa a la familia Maíz de invadir tierras en esa zona para luego promover juicios de usucapión. “Categóricamente es mentira que yo haya ido a desalojar. Me acusan y yo no tengo nada que ver con eso ahí”, manifestó.
“Yo no soy el dueño, el juicio no es conmigo. Son los dueños de la propiedad quienes desalojaron”, precisó.
El abogado de las firmas Valle del Chiana SA y Río Arno, Javier Báez Galeano, relató que las propiedades tuvieron muchos problemas de usucapiones, y en una ocasión se llegó hasta la Corte Suprema de Justicia con sentencia favorable para las empresas, luego de que una jueza de Puerto Casado haya otorgado una medida cautelar a favor de un ciudadano.
“Noria realmente lo que tiene es un contrato con mi cliente y él está arrendando el campo, o sea, en cierta manera usufructuando con sus animales”, indicó.
Contexto
Desde el año 2016, Dionicia Maíz Orellana busca el reconocimiento judicial de su derecho de propiedad a través de una acción de prescripción adquisitiva de dominio (usucapión). Durante casi una década de trámite, indicaron los abogados Enrique Medina y Federico Campos, Maíz Orellana sufrió despojos, transferencias irregulares, desmontes, amenazas y destrucción de mejoras en las tierras que ocupa y trabaja desde hace más de 30 años.
El último desalojo es del 3 de diciembre de 2024, cuando, por un lado, accionaron las empresas Valle del Chiana SA y Río Arno SA, y por otro, la empresa Rancho Uno, del ciudadano menonita Hans Arno Enns.
El Juzgado de Primera Instancia Multifuero de Mariscal Estigarribia, mediante el Auto Interlocutorio Nº 244 del 20 de agosto de 2025, rechazó la medida cautelar de anotación de litis y prohibición de innovar y contratar que fue solicitada por sus representantes legales. Esa medida buscaba mantener el statu quo y evitar nuevas transferencias o alteraciones registrales, mientras el juicio principal seguía su curso.
Sin embargo, el juzgado desestimó el pedido alegando falta de verosimilitud y de urgencia, pese a las pruebas presentadas: contratos de compraventa recientes entre Banco Continental Saeca y la estancia Rancho Uno SA, entrega de posesión de parte del inmueble durante el litigio y denuncias penales por invasión.
Ante este fallo, los abogados Federico Campos López Moreira y Enrique Medina Núñez interpusieron recursos de apelación y nulidad, denunciando la falta de fundamentación y la errónea aplicación del artículo 693 del Código Procesal Civil. En su escrito de agravios, sostienen que el juez omitió valorar pruebas esenciales y hechos actuales, limitándose a copiar extractos del pedido sin realizar un análisis jurídico razonado. También destacan que el peligro en la demora es evidente, ya que “los demandados avanzan con la destrucción de las mejoras y la modificación del terreno, poniendo en riesgo la eficacia futura de la sentencia de usucapión”.
Los abogados también plantearon una acción autónoma de nulidad contra la sentencia del desalojo propiciadas por Valle del Chiana SA y Río Arno SA. Aguardan que el Juzgado de Mariscal Estigarribia dé una respuesta favorable.
“La familia Maíz espera el amparo a través de la Cámara de Apelaciones de Filadefia teniendo en cuenta que estos inmuebles están libres sin restricciones de dominio, por lo que en cualquier momento pueden ser transferidos a favor de terceras personas”, aseguró el abogado Medina.
Intervención del senador Noria
El abogado Enrique Medina indicó que Alfonso Noria actuó con un mandamiento de otro juicio para desalojar a la señora Dionisia del inmueble que es objeto de usucapión.
“Alfonso Noria va y desaloja a la señora Dionisia Maíz del inmueble con un mandamiento de desahucio de otro juicio, no del juicio de usucapión, sin que la señora Dionisia Maíz sea parte dentro de ese proceso de desalojo. Inclusive, ese mandamiento de desalojo se realizó dentro de otro inmueble, que no era propiedad de Noria, pero que él se atribuye esa parte de la propiedad y se fue a desalojarle”, manifestó.
Valle del Chiana SA y Río Arno hicieron un juicio contra Luis Fariña Aquino, Petronilo Sosa, Marcelino, Julián Ortellado, Alberto Rómulo Tévez, Hugo Castaño y Germán Maidana sobre desalojo.
Asimismo, también la señora Dionisia Maíz en el año 2016 inició ese juicio de usucapión. “Ella no forma parte de este juicio de desalojo, ella no era demandada y la sentencia no tenía efectos contra terceros; por lo siguiente, ella no podía haber sido desalojada de esa parte del inmueble, porque el inmueble es de una superficie mayor”,relató.
Medina explicó que Alfonso Noria cuenta con la Finca 8329, con una inscripción preventiva de contrato a su favor sobre una superficie de 4.942 hectáreas, de las cuales la señora Dionisia pretendía usucapir 1.200 hectáreas. La propiedad es de Valle del Chiana SA.
“Él nunca fue parte dentro del proceso, pero en forma personal él se iba al inmueble, él en forma personal se iba, ya amenazaba, se iba con guardia de seguridad, se iba con policías”, aseguró.
Denuncia ante el JEM
En paralelo, la familia Maíz está en proceso de recuperación de otras tierras. El abogado Federico Campos López Moreira accionó contra el juez Carlos Alberto Lezcano para que sea removido del cargo y que se anule la sentencia declarativa que benefició a la empresa Rancho Uno, sobre varias hectáreas que también están en juicio de usucapión.
El abogado Campos accionó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y solicita que el juez Carlos Alberto Lezcano sea removido del cargo. “Utilizó una sentencia declarativa y las sentencias declarativas en el Paraguay solo se hacen cuando hay una duda sobre la aplicación de una ley en un municipio, en una cuestión interpretativa que un juez está obligado a hacer si se le pregunta y la obligación que tiene el juez es declarar, no imponer medidas”, manifestó.
