Este caso de una familia muestra cómo los buró de créditos no verifican si la deuda es real o no y directo los meten como “morosos” a las personas, que terminan siendo víctimas de un esquema de extorsión.
En este caso, Sergio Daniel Ruiz Díaz tiene un lavadero y su esposa es repositora. Ambos se enteraron que él aparecía como moroso por una supuesta deuda de G. 150.000 y el que le metió a Informconf fue un hombre identificado como Raúl Enciso, a quien le contactaron rápidamente.
Su respuesta fue que él compró el pagaré de una mueblería por un supuesto sillón que las víctimas aseguran nunca haber retirado.
Encima, les dijo que ese monto de G. 150.000 ya era un saldo “viejo” (pese a que la fecha de operación es de 2024), y que la deuda ya subió a G. 4.000.000.
“Nos dijo que nos puede dejar a 1.200.000 y le preguntamos si tenía oficina física para ir a ver el pagaré y nos dijo que no, que él se maneja solamente con transferencia”, contó la pareja.
La familia no tenía ese dinero, que se les descompuso la máquina con el cual Sergio trabajaba y, además, que la firma que aparecía en la foto del pagaré no era suya.
“Nos dijo: ‘Yo soy perito, yo hace mucho que estoy en esto, tengo 4.000 personas por ahí que me están llamando todo el día para solucionar su problema’”, contaron.
La pareja le ofreció la máquina descompuesta y el hombre dijo que la revendería a cambio de borrarlos del sistema, pero ante la insistencia de que no reconocían la firma, Raúl Enciso les habría tratado con prepotencia.
Hasta ahora la pareja no puede solucionar el caso y, aunque ya recurrieron a Informconf (Equifax SA), siguen sin tener respuesta.
¿Los burós son parte del esquema?
Este hecho se suma a los miles de casos en donde los buró de créditos, como en este caso es Informconf, permiten que un particular cargue supuestas deudas como operaciones morosas sin que el afectado sea alertado, dando un poder absoluto.
La abogada Diana Vargas, directora de la Comisión que investiga la Mafia de los Pagarés en el Senado, explicó que uno de los aspectos que están mirando es la utilización de los buró de créditos “como una suerte de mecanismo de extorsión ante operaciones morosas que no tienen suficiente respaldo documental, que no son reconocidas por las personas afectadas”.
Es que justamente estas empresas no dan el finiquito hasta que se pague la supuesta deuda o hasta que terminen las demandas iniciadas en los diferentes Juzgados.
Así, el afectado se ve obligado a pagarle a la empresa o a la persona que le metió como moroso, quien termina extorsionándole, validando una deuda inexistente, al que la víctima debe acceder para recuperar su libertad financiera.
Las mismas empresas Equifax SA (Informconf) y Criterión SA, alegaron no ser “árbitros” para ver si un documento es legal o no. Dijeron que ellos no son “peritos”, y que no tienen “facultades para decir si esa firma es o no del deudor”, que ellos solo cumplen en ingresarles como morosos.
Víctimas de la Mafia anuncian encadenamiento masivo
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a los afectados, a los sindicatos y gremios para un encadenamiento masivo frente al Palacio de Justicia el lunes 13 de julio ante la falta de respuestas. Las víctimas lamentaron que muchos siguen sufriendo descuentos compulsivos o embargos por deudas inexistentes o duplicadas.
A través de un comunicado, sostuvieron que existe “inoperancia de la Corte Suprema de Justicia” y que hay un ensañamiento en contra de las víctimas, lo que ellas consideran como “complicidad” de parte del Poder Judicial, ya que los descuentos en embargos continúan.
La Coordinadora lanza la convocatoria de la medida extrema de encadenarse frente a la sede del Poder Judicial el lunes 13 de julio y extiende la invitación a la “sociedad civil, sindicatos y gremios” para que se encadenen “para exigir la nulidad de las actuaciones fraudulentas”.
Pedido de juicio político
Además, volvieron a emplazar públicamente al Congreso para que inicie el juicio político a los ministros de la Corte por mal desempeño de sus funciones.
Contra ellos, las víctimas ya habían presentado en noviembre del 2025 el libelo acusatorio, pero este nunca fue tratado.
Entre los puntos cuestionados en contra de los ministros está primero la declaración de la Corte de que la suspensión genérica o temporal de los embargos ejecutivos es imposible.
Otro motivo es que los ministros no promovieron la creación de un Tribunal Especializado para juzgar la mafia de los pagarés.
Y por último, hablan de “falta de voluntad” para solucionar la estafa masiva de la mafia de los pagarés.
Nueva estafa
La Coordinadora de Víctimas expuso que el esquema criminal escaló drásticamente, no solo afectando salarios, sino también “despojando tierras, viviendas y locales comerciales a comunidades campesinas, emprendedores y pequeños empresarios”.
Según el comunicado, se ejecutan subastas y desalojos en “juicios secretos”, dejando a las familias productoras “en absoluta indefensión”.
Van a juicio oral dos actuarias de Recoleta
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la acusación y envió a juicio oral a las actuarias Gloria Isabel Morínigo y Rosa Del Pilar Lezcano, del Juzgado de Paz de La Recoleta, por sus vínculos con la mafia de los pagarés.
Junto a ambas está procesado el abogado Sebastián Benítez Porzio, quien habría actuado en complicidad.
Las actuarias están acusadas por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad de prevaricato.
Mientras tanto, el abogado fue acusado por prevaricato en calidad de instigador y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presumen que en el Juzgado de Paz de Recoleta funcionaba un esquema a través del cual las empresas de cobranza conseguían resoluciones violando el derecho a la defensa de las víctimas.
Las actuarias informaban falsamente que la notificación a los supuestos deudores sí se realizó, pero la comunicación a comparecer nunca les llegaba, por lo que estos no asistían a las audiencias, según Fiscalía.
Así, todo el juicio se hacía a espaldas de las víctimas y el entonces juez Víctor Nilo Rodríguez dictaba las resoluciones, “siempre acorde a la pretensión de la parte actora”.
En abril, el mismo juez ya envió a juicio al ex juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, acusado de prevaricato, uso de documentos de contenido falso y hurto, ya que habría sacado expedientes de su oficina una madrugada.
