El vínculo comercial –ahora cuestionado– entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la firma Neighpart Saeca no es solo de ahora que saltó el caso de los modulares quirúrgicos, ya que ambos desde el 2017 vienen acumulando una serie de contrataciones públicas destinadas en la provisión de insumos, equipos biomédicos, mantenimiento de plantas de oxígeno y readecuación de infraestructura hospitalaria.
Actualmente, existen 18 contratos firmados entre ambos desde octubre de 2017 y finales de 2025, por varias licitaciones por un monto total de G. 459.587 millones (USD 77.112.007).
Además, Neighpart Saeca es proveedora de otras instituciones del Estado, y cuenta con 16 licitaciones más en la provisión de insumos sanitarios desde el 2015 al 2022, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Municipalidad de Ciudad del Este. Estas contrataciones alcanzan G. 128.518 millones (USD 21.563.549 al cambio actual).
Según la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dicha firma cuenta registrada 34 contratos con entidades públicas y todo esto se da en medio de investigaciones judiciales y administrativas.
INHABILITACIÓN. Fue incluso Contrataciones la que el 18 de diciembre de 2025 inhabilitó a Neighpart por seis meses, desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026, para participar en licitaciones estatales.
El motivo era que supuestamente se incumplieron dos órdenes de servicio para el Hospital Nacional de Itauguá.
El contrato se había firmado en el 2022 para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de oxígeno, pero ante el incumplimiento, el hospital se quedó con el 25% de su capacidad de oxígeno.
Pese a la intimación, la firma no ejecutó las órdenes, por lo que tuvo que intervenir la DNCP ante una denuncia, declarando su inhabilitación.
Sin embargo, la firma accionó y el pasado 10 de abril, el Tribunal de Cuentas, integrado por los jueces César Diesel, María Celeste Jara y Edward Vittone (quien votó en disidencia), levantó la inhabilitación con una medida cautelar de urgencia.
De esta manera, la empresa, cuyos directivos son Claudio Escobar Brizuela y Analía Virginia Caballero Ojeda, lograron continuar activando, mientras se resuelva el conflicto legal.
IPS Y EL CONFLICTO. A principios del mes de julio, el presidente del IPS, Isaías Fretes, abrió containers que estaban ubicados en la sede de la previsional. Allí, encontraron partes de los equipos para los quirófanos modulares que el IPS había pagado a la empresa Neighpart para su adquisición y posterior instalación en el séptimo piso del Hospital Central.
La sorpresa fue grande, ya que pese al contrato firmado en el 2020, por G. 53.000 millones, los aparatos seguían sin ser instalados en las salas de operaciones prefabricadas.
A raíz de eso, el Ministerio Público imputó por presunta lesión de confianza a los ex presidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia, además de otros siete ex directivos.
El foco de la investigación penal se centra en supuestas irregularidades en el pago a la empresa pese a que no estaban instalados los equipos, que fueron otorgados por prórrogas en el plazo, habilitados con varias adendas.
Contrataciones Públicas ya había alertado de deficiencias a los directivos de la previsional, pidiendo incluso la suspensión del contrato, pero pese a ello le fueron ampliando el tiempo establecido, aumentando a su vez el monto de contrato a más de G. 61.000 millones.
DESESTIMARON. El IPS ya había denunciado en el 2023 a directivos de Neighpart luego de encontrar los equipos para los quirófanos modulares en el patio de la previsional, sin aviso previo ni autorización.
Posteriormente, la empresa retiró los insumos y la fiscala Silvia González pidió la desestimación de la denuncia, con ratificación de su fiscala adjunta Lourdes Samaniego.
Por ello, el caso quedó archivado, pero se abrió otra investigación respecto a la licitación que fue asignada al fiscal Julio Ortiz, quien formuló la imputación.
- En total se firmaron 18 contratos (entre el 2017 y finales de 2025), donde el IPS se comprometió a pagar G. 459.587 millones (USD 77.112.007).
La empresa sostiene que cumplió con su obligación
Mediante un comunicado oficial, Neighpart informó que el contrato con el Instituto de Previsión Social (IPS) “está vigente y en plena ejecución”, con un “avance certificado” del 55,68% de la obra principal y del 75,11% de su ampliación.
“Cada pago percibido cuenta con acta de recepción firmada por ambas partes”, expresaron los directivos. Además, confirmaron que actualmente hay una “pausa temporal”, pero que eso no significa una sanción, ni fue decisión de la empresa.
Se trata de una “suspensión administrativa, que la actual administración del IPS solicitó, mientras resuelve la disponibilidad del sitio de obras, confirmado por nota recibida el 10 de julio”, expresa parte del escrito.
Neighpart sostiene que “la empresa cumplió y seguirá cumpliendo cada obligación contractual”.
