“Indefectiblemente, sí va a haber una ampliación (de la imputación)”, afirmó ayer el fiscal Julio Ortiz, respecto a los consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) quienes suscribieron y avalaron las adendas con la empresa Neighpart Saeca en el sospechoso contrato para adquirir e instalar quirófanos modulares.
El agente continúa en marcha con la investigación de la licitación que se inició en el 2019 y se concretó en el 2020, pero que tuvo varias y llamativas ampliaciones del plazo, sin que se instalen nunca los equipos en el IPS.
La imputación a los consejeros fue confirmada, pero el fiscal Ortiz explicó que necesitan documentos que ya fueron solicitados a la previsional, de manera a corroborar “quiénes fueron los que votaron a favor de esta licitación y las adendas que hayan llevado a esta situación”.
retraso en la entrega. El fiscal dejo en claro que precisa de ciertas documentaciones que ya solicitó al IPS, así como de las grabaciones de las sesiones del Consejo para confirmar quiénes participaron y dieron su voto de las adendas, así como los que se negaron o estaban ausentes.
Pese a que el pedido fiscal ya realizó hace un tiempo, las autoridades del el Instituto de Previsión Social sigue sin enviar los papeles. “Hasta ahora el IPS no envió, ya desconozco si ya hay funcionarios que están colaborando o no”, dijo ayer el fiscal en Tribunales.
Dijo que va a esperar si en el trascurso de la próxima semana tiene respuesta. “Caso contrario, tendría que volver a presentar una nota o ya constituirme a los efectos de buscar personalmente esas documentaciones”, explicó.
FECHAS DE LAS ADENDAS. La Licitación Pública Nacional N° 143 fue realizada en el 2019, siendo adjudicada a la empresa Neighpart Saeca, que firma contrato con el IPS en el 2020, por un monto de G. 53.000 millones por la compra e instalación de quirófanos modulares.
Como supuestamente la previsional nunca habilitó un lugar para la instalación, pasaron los años y los equipos nunca se montaron. El 29 de julio del 2022, se firmó la primera adenda, donde se amplio el plazo del contrato, con la firma del entonces presidente Vicente Bataglia, junto a sus directivos.
La adenda N° 4 se firmó casi un año después, el 14 de abril del 2023. Posteriormente, asumió como presidente del IPS, Jorge Brítez, quien junto a sus directivos volvió a ampliar el plazo con la adenda N° 5, firmada el 20 de agosto del 2024.
La adenda N° 6 se firmó el 6 de diciembre de ese mismo año, mientras que la adenda N° 7 se firmó en setiembre del 2025. Todos estos documentos fueron avalados por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), pese a que la Dirección Nacional de Constataciones Públicas (DNCP) haya alertado sobre las irregularidades y recomendado la suspensión del contrato.
- “Indefectiblemente, sí va a haber una ampliación, pero necesito documentos que me demuestren quiénes fueron los consejeros que votaron”. Julio Ortiz, fiscal.
¿Niegan datos al mismo Fretes?
Días atrás, el fiscal Julio Ortiz había alertado que al mismo presidente del IPS, Isaías Fretes, no le estaban proveyendo todas las informaciones sobre las reuniones de los anteriores consejeros, “para tener en cuenta justamente estas decisiones, quiénes votaban”.
“El Dr. Fretes no me pudo proveer, justamente porque tampoco tiene personas que le estén proveyendo”, confirmó el investigador. En ese sentido, señaló que reiteró su pedido, “incluso con notas negativas de Contrataciones Públicas y la propia Auditoría Interna”. Estos documentos solicitados por la Fiscalía son fundamentales para avanzar en la causa.
Magistrado dio libertad a ocho de los nueve imputados
Ocho de los nueve imputados por el millonario desvío de G. 61 mil millones del Instituto de Previsión Social (IPS), ya tienen libertad ambulatoria. Solo falta el ex presidente Vicente Bataglia, quien se encuentra fuera del país.
Los demás fueron beneficiados con las medidas alternativas a la prisión por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien ayer concedió la libertad a otros tres encausados.
Los últimos en ser beneficiados con las medidas son Jaime Joel Caballero, ex gerente de Abastecimiento y Logística del IPS; Marcelo Rubén Bordón, ex director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones y Verónica Alexandra Blanco Bogado, ex directora de la Dirección de Mantenimiento de la previsional.
Los mismos se presentaron ayer ante el juzgador, que dispuso que los tres presenten una caución real equivalente a la suma de G. 500.000.000. Además, también dejó sin efecto la orden de detención dictada por el fiscal de la causa, Julio Ortiz.
OTROS BENEFICIADOS. Los tres se suman a José Raúl Coronel, ex director de Mantenimiento de la previsional, Hugo Aranda, ex gerente de Abastecimiento y Logística; Juan Manuel Villar López, ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Todos ellos también tienen la caución real de G. 500 millones de guaraníes a más del levantamiento de la orden de detención del fiscal de la causa.
Estos se presentaron también el jueves, poco después de haberse presentado el ex presidente Jorge Magno Brítez, quien también tiene medidas alternativas a la prisión, con una fianza real de G. 1.000 millones, a más del levantamiento de la orden de detención fiscal.
Recordemos que la primera en ser beneficiada con la libertad ambulatoria fue la ex asesora jurídica Rosa Concepción Colmán, quien había sido detenida, pero el juez le benefició con las medidas alternativas a la prisión, con una caución real de G. 500 millones.
De esta manera, son ocho los procesados que cuentan con medidas alternativas a la prisión con una fianza real en conjunto por la suma de G. 4.500 millones.
El único que aún no tiene medidas cautelares es el procesado Vicente Bataglia, también ex presidente, que se encuentra en Italia. Él será detenido al llegar al país, y será puesto a cargo del juez.
