05 sept. 2025

Un año de la muerte de Lalo Gomes, entre “dolor y decepción”

Hoy, hace un año, fallecía durante un confuso operativo de la Fiscalía de Antidrogas el diputado colorado Eulalio Lalo Gomes. El abogado Óscar Tuma dijo que la familia está atravesando el dolor y la decepción del Ministerio Público, “por no realizar una investigación seria como ameritaba la causa”.

Lalo Gomes diputado cartista.jpg

Eulalio Lalo Gomes falleció luego de un allanamiento en Pedro Juan Caballero.

Foto: Redes sociales

Tres fiscales contra el narcotráfico lideraron en la madrugada del 19 de agosto de 2024 un allanamiento en la vivienda del legislador en Pedro Juan Caballero, investigando un supuesto megaesquema que dio cobertura al negocio de Jarvis Chimenes Pavão.

Un “blanqueo”

Hoy la causa del asesinato está cerrada. La Fiscalía había determinado que el policía que hizo el disparo mortal a Gomes fue “de cobertura”.

OSCAR TUMA.jpg

Óscar Tuma, abogado.

Foto: Gentileza.

“Existieron demasiadas controversias que deberían analizarse, si era conducta culposa o dolosa. Sin embargo, el Ministerio Público decide desestimar la denuncia en una especie de blanqueo, para evitar que se sepa qué ocurrió ese día”, expuso.

Sostuvo que se quiere esconder el motivo por el cual asesinaron al diputado y que no se pudo determinar si hubo conducta negligente o dolosa.

Hoy podrían acusar

Hoy también es la fecha tope que tiene el Ministerio Público para acusar o presentar otro requerimiento conclusivo en contra de Alexandre Rodrigues Gomes, quien supuestamente tuvo participación, al igual que su padre, en el esquema de Jarvis Chimenes Pavão.

Según la sospecha, el clan Gomes –integrado por padre, hijo y la empresa de ambos, Paraguay Autopartes y Accesorios SA– habría insertado G. 175.526 millones al sistema financiero a través de transacciones (2015 al 2021).

El abogado Tuma, sin embargo, considera que la investigación “es una fantasía”, “que no se sustenta en ningún elemento de prueba lícita y legal”.

Existe una pericia dentro de la causa, “donde el perito concluye que no existió lavado de dinero y que las transacciones financieras se realizaron bajo los controles de dos bancos”, mencionó el profesional.

Dijo que el dinero es totalmente rastreable.

En cuanto al vínculo con el crimen organizado, específicamente con el esquema de Pavão, Tuma dijo que no hay ningún elemento que los vincule a padre e hijo.

El Ministerio Público habla de que el clan Gomes salvó al esquema del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão en plena pandemia, con el lavado de dinero.

Supuestamente, la investigación partió tras una información proveniente del Brasil –publicaciones que señalaban a Lalo Gomes–, pero Tuma afirma que los documentos descartan que haya denuncias o investigaciones en el vecino país.

Más contenido de esta sección
La empresa Cumplo SA fue sancionada con una multa de G. 32.288.100, “por prácticas abusivas” tras la denuncia de una afectada, porque desconocieron 18 cuotas saldadas en un acuerdo de pago de una deuda.
Al Ministerio Público le extendieron el tiempo hasta noviembre para seguir con la investigación de una supuesta estafa de USD 1.600.000 a una familia de San Pedro. Sin embargo, la prórroga fue apelada por la defensa de los procesados, por lo que la causa quedó trabada.
Estudiantes salesianos se manifiestan para pedir justicia para María Fernanda y en recordación por los 24 años del cruel asesinato de Diego Báez, un estudiante del colegio Salesianito.
El juez contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, dispuso la captura de nueve personas, investigadas en el Operativo Sarambí, realizado en la zona de Pedro Juan Caballero. Supuestamente formarían parte de un esquema criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Una sentencia reducida a 35 años de cárcel fue confirmada en la última instancia del sistema penal colombiano por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci a una de los autores materiales.
A tres años y ocho meses de cárcel fue condenado esta siesta el ex intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno Mazacotte, tras ser hallado culpable de los delitos de administración en provecho propio y lesión de confianza. La Fiscalía pidió solo 2 años de encierro.