Se trata de Euclides Ambrosio Ortiz Morel, quien falleció en su casa de causas naturales. “Mi padre pagó parte de su vida de trabajador y parte de su vida de jubilado su seguro de sepelio, pero cuando falleció nos dijeron que solo se harían cargo del ataúd y de la capilla, y que debíamos pagar aparte el tratamiento químico del cuerpo y el salón velatorio”, relató su hijo Arístides Ortiz.
Los familiares denunciaron que al llamar a los teléfonos impresos en la factura de la empresa recibieron como respuesta que “el número no existe o ha sido cambiado”.
Llamaron a la persona que iba a cobrarles el seguro mensualmente, y este les pasó el número de teléfono privado de la secretaria. Esta les dijo que el dueño de la funeraria, el médico Carlos Crichigno, les llamaría.
Alcides Ortiz contactó a Carlos Crichigno para coordinar los servicios funerarios cubiertos por un seguro. Crichigno informó que la empresa solo cubriría el ataúd y los muebles de la capilla, negándose a pagar por el tratamiento químico del cuerpo y el salón velatorio, servicios que previamente habían aceptado cubrir.
Crichigno indicó que el tratamiento químico estaba tercerizado y costaría G. 2.150.000 adicionales, según denuncian.
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Finalmente, debieron contratar los servicios de otra funeraria en medio de la urgencia y el dolor por la pérdida.
Posteriormente, el abogado de la familia acudió a la oficina de Crichigno, en el centro de Asunción, donde el dueño, Carlos Crichigno, se presentó como médico y propietario. Sin embargo, se negó a entregar una copia del contrato de adhesión firmado por el asegurado, pese a los reiterados pedidos formales.
Además, el sitio web de la empresa tampoco funciona y en el Registro Único de Contribuyente la firma figura como de “Previsión Asistencial Servicios y Mandatos-Medicina”, relató Arístides.
Euclides Ortiz pagaba mensualmente, desde los primeros meses de 1989 hasta el mes de junio de este 2025 (36 años), diferentes sumas por la cobertura familiar del seguro. Sus últimos aportes fueron de G. 200.000 mensualmente.
Según el listado oficial del Ministerio de Salud Pública, la funeraria no cuenta con habilitación vigente. Ante esta situación, los Ortiz presentaron el 29 de agosto una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) para exigir sanciones y el cierre de la empresa.
‘‘Según publicaciones en redes sociales verificadas, varias personas aseguradas por esta empresa funeraria también fueron víctimas de similares incumplimientos de compromiso’’.
Desde Última Hora nos comunicamos con la línea telefónica de la empresa funeraria para conocer su versión del hecho; sin embargo, la contestadora automática responde que el número no existe.
