El magistrado de Delitos Económicos recibió la tercera imputación contra el ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, así como otras personas, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, donde se habla de un supuesto perjuicio de G. 311.580.000.
Ya al analizar el caso, dice el juzgador que el monto de G. 311.580.000 no alcanza los 5.500 jornales mínimos que señala la ley para la competencia de los juzgados de Delitos Económicos.
A esto se suma, según el juzgador, que solo tiene competencia en el delito de lesión de confianza, pero por montos superiores a los citados jornales, no así los otros delitos imputados por producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Con ello, el juez entendió que no era competente para juzgar el caso, por lo que remitirá en el transcurso de hoy, el expediente al juzgado de Garantías competente de Ciudad del Este, en la circunscripción judicial del Alto Paraná.
En el caso, los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González imputaron al ex jefe comunal y a los demás porque se habrían desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), como pagos por servicios que no habrían sido realizados, con lo que se causó el citado perjuicio patrimonial.
Además del ex intendente Miguel Prieto, también están Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Comuna; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, y Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Comuna.
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Asimismo, Juan Quiroga Cañete, presidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares; Marcos Galeano Fernández, secretario de la subcomisión; Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión; Lumma Silva Battochi, presidenta de la subcomisión, y José Cárdenas Ugarte, secretario de la subcomisión. Finalmente, están Aníbal Pérez Martínez, tesorero, y Adriana Pérez Martínez, síndica suplente de la mencionada subcomisión.
Todos ellos están imputados por supuesta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, mientras que contra Miguel Prieto se agrega el cargo de declaración falsa.
Según la imputación, se cuenta con la sospecha de que en el 2020, la Administración Municipal –a cargo de Miguel Prieto Vallejos– habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), por pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría causado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000.
