11 abr. 2026

Otorgan a la Fiscalía prórroga para investigar caso de estafa a colonos

Al Ministerio Público le extendieron el tiempo hasta noviembre para seguir con la investigación de una supuesta estafa de USD 1.600.000 a una familia de San Pedro. Sin embargo, la prórroga fue apelada por la defensa de los procesados, por lo que la causa quedó trabada.

caso estafa a colonos Río Verde

La Fiscalía investiga a tres sospechosos responsables de la estafa.

Foto: Archivo.

El Tribunal de Apelación de la ciudad de San Pedro resolvió otorgar cinco meses más a la Fiscalía para investigar el caso de una supuesta estafa millonaria a colonos menonitas. Entre los procesados está Willian Bogarín, ex funcionario del Congreso que fungía de abogado y habría engañado a una familia.

La Cámara concedió tiempo hasta el 18 de noviembre del año 2025 al Ministerio Público para seguir investigando el caso; sin embargo, tras una apelación promovida por la defensa de los imputados, la causa quedó trabada.

Con esta apelación, queda en duda si el requerimiento se debe presentar en la fecha inicial, que es mañana 18 de junio, o a la espera de que se confirme una prórroga para la investigación, con una nueva fecha de acusación.

Las sospechas de la estafa

Una familia de colonos menonitas de la colonia Río Verde, de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, llegó a pagar USD 1.600.000 por dos terrenos en el Chaco, a los cuales nunca accedió.

Por el caso fueron imputados José Ljubetic, dueño de un estudio jurídico y de una supuesta inmobiliaria; la abogada Ilsa Paredes y Willian Bogarín, abogado y ex funcionario del Congreso, quien fue sacado del cargo a raíz de este caso.

Los tres procesados alegaron ser parte del estudio jurídico, que primero ofreció servicios para tramitar una sucesión a la familia y luego gestionó la supuesta compra de propiedades.

La denuncia fue presentada por la familia Friessen Neufeld, que venía siendo engañada por el esquema desde el 2017. Tras ganarse su confianza, los acusados habrían propuesto gestionar la compra de dos propiedades en el Chaco de un total de 8.000 hectáreas.

Supuestamente, ambos terrenos eran del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); sin embargo, existen informes que lo contradicen y mencionan que se trata de tierras privadas.

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