A pedido de fiscala Pamela Pérez, el juez Osmar Legal ordenó la captura internacional del supuesto jefe narco Marciano Denis Torales, así como de otras ocho personas que formarían parte de un esquema criminal.
Todos ellos están imputados tras el Operativo Sarambi, realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay, el pasado 8 de junio, y que permitió desarticular una estructura delictiva.
Junto con Denis Torales fueron declarados en rebeldía y con captura nacional e internacional: Anderson Milcíades Denis Colman, Fernando Molina Martins, Ramón Denis Rodríguez, Miguel Víctor Sanabria Torres y Mateo González Paredes.
Igualmente, también tienen rebeldía y orden de captura los imputados Richart Saúl Torres Cuéllar, Eduardo Chamorro Romero y Gabriel Antonio Benítez Aguilera.
Todos ellos estarían sin paradero conocido y, según la resolución judicial, podrían estar en los países vecinos, en especial, en Brasil, Bolivia o Perú.
Estos se hallan procesados por los presuntos delitos de tráfico, tenencia sin autorización, obtención económica indebida y asociación criminal, por sustancias estupefacientes, conforme con el pedido del Ministerio Público.
Además, también los investigan por detentación ilegal y producción de riesgos comunes con material controlado de armas, previstos en la ley de armas.
La investigación fiscal
Según la fiscala Pamela Pérez, la causa se inició a raíz de la existencia de una supuesta organización criminal apostada en zona norte del país, específicamente entre los departamentos de Concepción y Amambay, que se estaría dedicando al tráfico internacional de drogas peligrosas.
Indica que el 24 de marzo de 2023, la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional, pidió abrir la investigación identificada como Betroka.
Así, a partir de la recopilación y análisis de informaciones realizados por personal de esta unidad, se determinó que esta organización criminal que operarían en Concepción y Amambay.
Estos supuestamente, según la fiscala Pérez, se dedican al tráfico de sustancias estupefacientes por vía terrestre y aérea, este último utilizando como medio de transporte aeronaves, que provienen de países vecinos, presumiblemente Bolivia.
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Refiere que los aviones descienden en zonas de los citados departamentos y descargan las sustancias ilícitas para el acopio y su posterior reenvió a países europeos.
“Es decir, el modus operandi de esta organización consistiría en la obtención dentro del territorio nacional de sustancias ilícitas, las cuales serían trasladadas vía terrestre hasta depósitos donde estarían siendo procesadas a fin de acondicionarlos a través de métodos de ocultamiento en el interior de cargas declaradas ilícitas, cuyo traslado sería en contenedores, para exportación con destino a pises europeos”, afirman.
Durante la pesquisa se realizaron interceptación de llamadas, entre otros métodos de investigación.
La investigación preliminar y los trabajos de inteligencia, transcurrieron a la etapa operacional, la cual fue autorizada el 5 de junio pasado, las cuales fueron efectuadas por los fiscales Pamela Pérez, Luis Said, María Irene Álvarez, Andrés Arriola, Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, José Morínigo, Juan Ramón Sandoval y Jorge Encina.
