08 jul. 2025

Tuma accionará ante la Corte contra multa que le aplicaron por críticas a juez en redes sociales

El abogado Óscar Tuma, defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, procesado en el caso Pavo Real II, anunció que mañana presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución que le declaró litigante de mala fe y lo multó por sus publicaciones en redes sociales.

Oscar Tuma.jpeg

Accionará. El abogado Óscar Tuma planteará una acción de inconstitucionalidad en contra de su sanción.

Foto: Archivo ÚH.

En un comunicado publicado por la red social X, el abogado Óscar Tuma señaló que accionará contra la resolución del Tribunal de Apelación Penal Especializado, que ratificó su sanción, pero le redujo a 30 jornales mínimos, por sus publicaciones en las redes sociales.

Según explica, mañana presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte en contra del Auto interlocutorio Nº 499/2024, dictado por el juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, y el Auto interlocutorio Nº 87/2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado.

Refiere que mediante las citadas resoluciones se le declaró “injustamente litigante de mala fe” y se le impuso “una multa de 30 días-multa (G 3.200.000)”.

Indica que considera inconstitucional los fallos, porque hay una violación al derecho a la defensa y al debido proceso (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional). Esto, debido a que “el tribunal reprochó hechos nuevos durante la audiencia sin previa notificación, impidiendo ejercer efectivamente el derecho de defensa”.

Lea más: Reducen multa a Óscar Tuma por críticas a juez en redes sociales

Sostiene que existe un atentado contra la libertad de expresión (art. 26 de la Constitución Nacional y art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), porque “la sanción se fundamenta en críticas estrictamente profesionales sobre la causa del diputado Eulalio Gomes, expresadas públicamente en redes sociales y medios de comunicación. La crítica legítima nunca debe ser motivo de sanción disciplinaria”.

Además, habla de la vulneración de la presunción de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional) porque “el tribunal calificó arbitrariamente mis expresiones como ‘injuria típica’ sin que exista una causa penal abierta, investigación previa o condena firme”.

También dice que existe limitación indebida del derecho de petición y defensa técnica, por “penalizar el ejercicio legítimo de recusaciones busca neutralizar injustamente la labor profesional y legítima de la defensa técnica”.

Remarca que solicitará a la Sala Constitucional que declare la nulidad de ambas resoluciones y suspenda provisionalmente sus efectos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

“La abogacía y la ciudadanía merecen un Poder Judicial que respete las garantías constitucionales, tolere la crítica constructiva y permita un debate jurídico abierto y transparente”, afirma.

Finalmente, señala: “Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los colegas abogados, jueces y ex jueces que manifestaron públicamente su solidaridad y apoyo frente a esta situación. ¡La Justicia se fortalece con argumentos y garantías, no con sanciones disciplinarias arbitrarias!”, sostuvo.

El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, le había declarado litigante de mala fe en diciembre del año pasado por las recusaciones que planteó y multado por sus publicaciones en redes sociales.

Después, el Tribunal de Apelación Especializado, integrado por las camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Andrea Vera, redujo la sanción.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Apelación Especializado concedió cuatro meses más de plazo al fiscal Juan Ramón Sandoval para investigar al concejal cartista de Natalicio Talavera, Departamento del Guairá, Bruno Joel Jorgge, y a Rolando Javier Zarza González, por presunto tráfico internacional de drogas. Supuestamente, captaban mulas para enviar estupefacientes a Europa.
El juez de Garantías, Miguel Palacios, a pedido del fiscal adjunto Augusto Salas sobreseyó definitivamente en tres causas al ex ministro Dany Durand y a otros procesados, en casos relacionados con el Grupo Mocipar SA.
El ministro de la Corte Víctor Ríos presentó al pleno un informe a nivel país de los delitos ambientales, de los años 2019 a 2024. Se mostró preocupado porque solo el 1% de los casos tienen condenas y el mismo porcentaje va para la recomposición del medioambiente. Además, en ocho de cada diez casos no se tomaron medidas con criterio ambiental.
Una nueva propuesta de reinserción busca que inicialmente 100 empresas proveedoras del Estado contraten como funcionarios a personas privadas de libertad y ex internos. Esto es una oportunidad para que tengan un trabajo seguro, no reincidan y como parte de una lucha contra la inseguridad.
En el pleno de la Corte, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander advirtieron que existe un actuar irregular de los jueces de Ejecución, que no reciben los expedientes para ejecutar las condenas por casos de corrupción, supuestamente, porque hay acciones ante la Sala Constitucional de la Corte, cuando las mismas no corresponden.
La Sala Penal de la Corte destrabó la causa contra Laura Mariana Villalba Ayala y Myrian Villalba Ayala, ambas hermanas de Carmen Villalba, por el caso de la supuesta violación del deber de cuidado o educación y violencia familiar, por la muerte de las dos niñas en el 2020, en Yby Yaú, Departamento de Concepción, en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).