Como parte del programa de reinserción social, la Comisión de Desarrollo Social del Senado se encuentra impulsando el proyecto de ley que busca que convictos y ex convictos puedan acceder a trabajos seguros y formen parte del plantel de funcionarios de empresas proveedoras del Estado.
El senador Arnaldo Samaniego, presidente de la comisión, dijo que se trata de un planteamiento que “crea una exigencia para que aquellas empresas proveedoras del Estado, de bienes y servicios, tengan en su plantilla de personal un porcentaje de personas que egresaron del programa de reinserción”.
Y no solo ellos, sino también para internos que sigan cumpliendo su condena, pero que ya tienen salidas transitorias o aquellos que están en régimen de semilibertad y libertad condicional.
Reinserción y lucha contra la inseguridad
Ayer, se llevó adelante una reunión extraordinaria de la Comisión, donde estuvieron presentes representantes de varias instituciones, como del ministro de Justicia, de Trabajo, del Instituto de Previsión Social (IPS), del Banco Nacional de Fomento (BNF), de la Agencia Financiera de Desarrollo, y de otras instituciones.
El proyecto de ley, con promoción laboral para las personas procesadas, “busca robustecer y fortalecer el programa de reinserción social”, detalló el legislador.
Esto será una oportunidad de incorporarse al empleo digno para aquellas personas que ya cumplieron con la Justicia.
Samaniego resaltó que esto contribuirá no solamente con la dignificación de las personas, “sino que también con la lucha ante la inseguridad que reclama tanto la ciudadanía”.
Esto, teniendo en cuenta que de cada 10 personas que ingresan al sistema penitenciario, 7 son reincidentes, según los registros de Justicia.
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Ahora, la propuesta irá a otras comisiones y luego ya será presentada al pleno del Senado. Una vez que se apruebe, los órganos de aplicación y control serán tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Trabajo.
Más de 200 mujeres serán beneficiadas
En Paraguay 993 mujeres son privadas de libertad, de las cuales 371 tienen condena firme.
Según los datos compartidos en la reunión, se estima que 223 mujeres podrían capacitarse y el 90% obtener certificación lo que permitirá que al menos 201 mujeres puedan beneficiarse con el proyecto de ley e insertarse laboralmente, lo que representa un 54 % del total de mujeres con condena.
Se espera que una vez que se apruebe la iniciativa, 100 entidades públicas y privadas se comprometan contratando por lo menos a dos mujeres cada una.
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