En la sesión del pleno de la Corte, el ministro Víctor Ríos presentó los resultados de los estudios estadísticos de los casos contra el medioambiente, donde, según dijo, se donan computadoras u otros elementos a hospitales, pero no se recompone el medioambiente que fue destruido.
El informe comprende casos de las circunscripciones judiciales de Asunción, Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Caazapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú, Central, Boquerón y Alto Paraguay, en el periodo 2019 a 2024.
Explicó que fueron verificadas 3.943 causas penales relativas a este tipo de casos. En todos ellos, hubo 6.300 procesados. De estas, hasta ahora existen 1.133 causas abiertas y 2.810 causas que fueron finiquitadas por la Justicia.
De los datos presentados, se pudo ver que la mayor cantidad de hechos punibles, el 50% fueron por violación de veda pesquera y de la cuarentena sanitaria. Se aclara que el periodo abarcó la pandemia pasada.
Además, hubo un 9% de hechos por incumplimiento de medidas de mitigación; 5% por tala o quema de bosques, un 4% que no se pudo especificar el hecho punible y un 3% sobre la protección y bienestar animal.
El estado procesal
Con respecto al estado procesal de las causas, un 31% en que se aplicó criterio de oportunidad (tres de cada diez casos), 19% tuvo la suspensión condicional del procedimiento, y un 18% de las causas aún están abiertas.
Igualmente, el porcentaje señala que el 9% de las investigaciones fueron desestimadas, el 3% tuvieron un sobreseimiento definitivo.
Además, un 14% no consta la forma en que culminaron y un 2% tuvo la suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
Finalmente, de las causas, un 2% tuvo el sobreseimiento provisional, con lo que los fiscales tuvieron un año para reabrir la causa. También en un 1% se extinguió la acción penal, con lo que quedaron impunes.
Asimismo, lo más preocupante para el ministro es que solo 1% de los casos ambientales llegan a una condena.
No es punitivista
Ríos explicó que no es punitivista, “pero de todas maneras llama la atención, o sea, hay solo un 1% de condena y esto es comparado con otros delitos, digamos, los de delitos comunes”.
Remarcó que “creo que hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de condena pero, repito, por lo menos yo no soy punitivista, de todas maneras, llamo la atención sobre este tema, 1% de condena”.
Además, se mostró preocupado para “trabajar un poco con los criterios, reglas y o condiciones impuestas a los imputados en las causas”.
Igualmente, lanzó otros datos, tales como en el 84% de las causas de estos hechos punibles se tomaron medidas sin criterio ambiental. El resto, el 16%, sí se tomaron medidas con criterio ambiental. En otras palabras, de cada diez casos donde se tomaron medidas, en ocho no tuvieron en cuenta el medioambiente.
“No puede ser que precisamente en el ámbito ambiental, en causas penales que tienen que ver con afectación del derecho ambiental, del medioambiente, se tomen medidas sin criterio ambiental. Es esto así y estamos hablando de datos objetivos. Y solo en un 16% se tomaron medidas sobre la base de algún criterio ambiental. Solo 16%”, refirió.
Reglas de conductas
Posteriormente, el ministro del Máximo Tribunal mostró también cuáles eran las reglas de conductas impuestas en las salidas procesales, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2024.
De ellos, el 78% de donaciones fueron a entidades de beneficencia y hospitales. Luego, existe un 10% sobre los que no se tienen datos acerca de dónde fueron a parar las donaciones.
Igualmente, un 6% fue por donación de plantines o alevines (crías de peces); un 2% compra de servicios ambientales, 2% iban para el servicio comunitario.
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Al final y, esto es lo que preocupó, solo un 1% es para la recomposición ambiental. Es decir, para que se pueda recomponer el entorno que fue destruido por la acción del hecho punible investigado.
“Entonces, tenemos que, de los datos analizados, en la mayoría de los casos no fueron impuestas condiciones o reglas de conducta que contemplen la reparación del daño ambiental, en cumplimiento del artículo 8 de la Constitución”, acotó Ríos.
Una dura crítica
“Sobre esto ya había hablado, es sumamente preocupante, porque hay un mandato constitucional y un mandato, esto aunque no haya dicho la Constitución, sabemos perfectamente que en materia ambiental hay que repararla. Porque está muy bien, perfecto, es donar computadoras a hospitales, etcétera, pero ni tu hospital te va a salvar de una hecatombe ecológica si terminás destruyendo el medioambiente…”, refirió el miembro de la Corte.
“Destruiste el cauce de un río, de un arroyo, deforestaste ilegalmente y la sanción es donar computadoras a escuelas, hospitales. O sea, está muy bien que se haga eso, pero tampoco se puede perder de vista el mandato constitucional de la recomposición ambiental, que, repito, más allá del mandato constitucional, es una cuestión de vida o muerte para la humanidad”, aseguró.
“Vamos a ir avanzando en el análisis de estos datos. Vamos a presentar más estadísticas al respecto. Pero nuevamente llamo la atención sobre esta situación que se da en el caso y además, fíjense ustedes, del conjunto de casos hay un 1% de condena y en la mayoría de los casos tenemos suspensión condicional por criterios de oportunidad”, acotó Ríos.
“Entonces, uno puede decir, perfecto, si esto implicó la recomposición, la reparación del ambiente a cambio de una condena espectacular, pero cuando vamos y miramos recomposición vemos que hay solamente 1%. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones posibles?”, afirmó.
“O los fiscales son muy fáciles en abrir causas ambientales y también son después muy fáciles en cerrar las causas con cualquier medida, o no sé qué otra cuestión debe haber de por medio. Por lo tanto, este es el informe que presento, repito, a partir de un trabajo del equipo de la dirección de derecho ambiental”
Sus colegas Eugenio Jiménez, Carolina Llanes y César Diesel se mostraron también preocupados por los números presentados por el ministro de la Corte. Se habló de que los resultados iban a ser llevados a la mesa interinstitucional, con el objetivo de diseñar una política al respecto.
