En la paraguayología, se destaca la palabra trato kure - cerdo.
El que hace referencia a “trato ky’a”, lo que quiere decir, a su vez, acuerdo sucio. Se trata de un acuerdo en el que una de las partes o ambas no tienen voluntad de cumplir lo acordado. Este término define correctamente al Gobierno de Santiago Peña, quien representado por sus autoridades, incumplió con varios acuerdos firmados.
A la corrupción política y la falta de seguridad jurídica, que reinan en el país, se le suma ahora la incapacidad del Gobierno de cumplir con sus acuerdos firmados con distintos sectores. Estas conductas denotan la poca seriedad que tiene la presente gestión.
La mayoría coyuntural que tiene el oficialismo en el Congreso Nacional, funge de muro de contención para que las autoridades sientan que hagan lo que hagan sus cargos estarán asegurados. Ese mismo espíritu de aplanar todo lo que se les pone en frente se contagió entre todos aquellos que forman parte de la gestión de Santiago Peña. Desde ministros, viceministros, directores, coordinadores, legisladores, funcionarios y hasta los seccionaleros.
El Gobierno impulsa una serie de reformas y muchas de estas responden a recomendaciones internacionales, mientras que otras tienen como objetivo hacer que el Paraguay sea más atractivo para las inversiones. Pero muy poca es la preocupación que tiene por la paupérrima imagen que deja la clase política. Solo ellos se creen el discurso de que el empresario extranjero solo se fija en las perspectivas de rentabilidad y omite la situación política.
El presidente de Petróleos Paraguayos (Peropar), Eddie Jara, viajó en mayo pasado hasta Coronel Oviedo, para firmar un acuerdo con los cañicultores, en medio de una amenaza de un tractorazo en Asunción. El compromiso asumido por el Gobierno fue el de impulsar un nuevo tren de molienda. Se acordó presentar el proyecto un mes después, pero esto jamás sucedió.
Llamativamente, Jara destituyó, semanas atrás a Carolina Baumann como titular de la alcoholera de Troche, sin dar explicaciones al respecto. La ex funcionaria debió sumarse a la idea del Gobierno de suspender el proyecto de molienda vigente por supuestas irregularidades, aunque la razón parecería ser que fue una obra iniciada por Abdo Benítez.
Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, es otro representante del Gobierno que es señalado por no cumplir con sus compromisos.
En primer lugar, Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) denuncia que las autoridades asumieron varios compromisos durante la última tripartita con los empresarios, en su búsqueda de suspender un paro. El reclamo principal tiene relación con las fechas de pago de subsidios.
En el mismo sentido, y también en el marco de acciones para impedir una huelga de trabajadores del transporte, el viceministro, junto con otras autoridades asumió varios compromisos con los conductores. La conformación de una mesa técnica antes de estudiarse la reforma del transporte y la inclusión de los pedidos de los trabajadores en las modificaciones de la propuesta fueron parte del acuerdo firmado, que según denuncian los afectados, se incumplió.
Como resultado de estas negociaciones en las que se firmaron compromisos con gremios, la desconfianza de los mismos hacia el Gobierno se incrementó. Pareciera que la administración de Santiago Peña ve los acuerdos solo como una medida que les permite ganar tiempo en su camino por aplanar todo lo que se les ponga en frente.
Es difícil creer que las empresas internacionales se lancen hacia una aventura de inversiones en un país donde sus autoridades siguen la política del trato sucio. Un país, un Gobierno que no tiene la confianza de sus propios compatriotas. ¿Cómo se ganará la de los grandes inversionistas? La mayoría coyuntural hoy es también la mayoría del trato kure.
