El uso de estos recursos debe reflejar una apuesta por el desarrollo a largo plazo teniendo en cuenta los montos involucrados y las necesidades de la población. La persistencia de brechas básicas y de pobreza alertan sobre los grandes desafíos de nuestro país. No hay cobertura universal de salud ni en educación ni siquiera en los niveles más esenciales para la vida. La pobreza está estancada, así como otros indicadores de calidad de vida.
Pero no solo es importante mirar las condiciones sociales. Paraguay debe superar su patrón de crecimiento altamente volátil, dependiente de factores climáticos y de la demanda externa y con bajo nivel de valor agregado, productividad e impacto en el empleo. Sin un patrón de crecimiento más inclusivo, las mejoras que pudieran haber en educación y salud no se revertirán en mayores oportunidades económicas.
Los fondos sociales, junto con una mayor inversión en infraestructura energética, deben garantizar una transición social, económica y energética más justa. Es decir que los avances se redistribuyan mejor en la población. Actualmente el sector rural, las mujeres y la juventud muestran rezagos frente al promedio nacional. La población indígena se encuentra todavía más atrás.
Sean cuales fueren las opciones y escenarios posibles de uso de los recursos, cualquiera de ellas tiene el potencial de cambiar el rumbo de nuestro país, hoy ubicado en los peores lugares de cualquier índice de desarrollo.
Independientemente del uso que decida darle el Gobierno a los fondos existentes, estos deben ser incorporados al presupuesto público, ya que es el instrumento que permite transparencia, trazabilidad, monitoreo y rendición de cuentas a la población. Además del presupuesto, las autoridades monetarias deben contar con un plan de evaluación que permita disponer de información de calidad para que la ciudadanía conozca la eficiencia y el impacto de esos recursos una vez que se acaben.
Paraguay tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que puede convertirse en un país con altos niveles de crecimiento económico y bienestar social utilizando energía limpia y contribuyendo con la sostenibilidad ambiental global.
El Gobierno debe dar señales claras de su compromiso con la patria siendo transparentes en el manejo de los resultados positivos de la negociación y utilizando todos los mecanismos definidos en la Constitución y en las leyes para dar cuenta del uso de fondos públicos.
Esperemos que las autoridades fiscales dimensionen la responsabilidad que tienen con el país y sepan cumplir con las promesas electorales y honrar confianza que le dio la ciudadanía al votar por ellos. Son los últimos años con esos recursos, pero también empezamos un periodo de crucial relevancia y punto de inflexión en materia demográfica.
La crisis climática agrega complejidad, así como la compleja situación de las finanzas públicas relacionadas con la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de los fondos jubilatorios. Estos nudos estructurales deben resolverse con respuestas que mejoren la vida de las personas y no que las precaricen. El uso de los recursos públicos garantizando transparencia y trazabilidad es condición indispensable para lograr la transición hacia el desarrollo.
