La situación de la Caja Fiscal empeora cada vez más sin que haya propuestas serias de reforma. A medida que pasa el tiempo, el problema se agrava no solo para los funcionarios públicos, sino también para la población en general que con sus impuestos financia jubilaciones y seguros de salud de los que está excluida. El derecho a la seguridad social –jubilaciones y salud– en el sector público no puede garantizarse a costa de los derechos del resto de la población.
La Caja Fiscal es la entidad previsional que aglutina a todos los trabajadores del sector público –administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía– para otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones.
Según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de los sectores del magisterio, las Fuerzas Armadas y la Policía en el periodo de 2016 a 2020 fue de USD 965 millones, de los cuales USD 671 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y USD 294 millones al magisterio. Al cierre de junio de 2025, la Caja Fiscal registra un déficit acumulado de USD 153 millones. Las proyecciones actuales estiman que este déficit podría subir a USD 300 millones para fin de año.
La Caja Fiscal enfrenta múltiples problemas. En primer lugar, la transición demográfica que impulsa un aumento en la esperanza de vida. Este incremento presiona el déficit, ya que hay regímenes que no tienen edad mínima de jubilación –magisterio, policías y militares–, por lo que el financiamiento se vuelve insostenible si no se adaptan los parámetros a medida que cambian las condiciones demográficas. La situación empeora si se considera que militares y policías tienen mecanismos de equiparación anuales, lo que agrava la tensión financiera.
En segundo lugar, tasas de sustitución relativamente altas –incluso más altas que en los sistemas europeos– frente a tasas de aportes bajas. Mientras que el aporte es del 16%, el porcentaje de cobro de jubilación en algunos regímenes es del 100% del salario.
En tercer lugar, la multiplicidad de leyes existentes genera enormes desigualdades entre las obligaciones y las prestaciones. Dentro del régimen de la administración pública hay por lo menos 10 leyes distintas dirigidas a los funcionarios generales y a los personales de medicina, enfermería y obstetricia del MSPyBS, agentes de la patrulla caminera, guardaparques, personal de odontología, bioquímicos y médicos de todos los demás organismos y entidades del Estado y trabajadores con discapacidad de la función pública.
Al déficit de la Caja Fiscal que solo involucra el pago de jubilaciones debe agregarse el financiamiento público de seguros de salud privados. Este mecanismo de financiamiento es insostenible por sus implicancias financieras para el Estado, ya que generan altos niveles de ineficiencia, inequidad y costos de oportunidad y por la ausencia de cobertura en la vejez, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos al jubilarse pierden el seguro médico.
Esta situación no solo tiene problemas de sostenibilidad a mediano y largo plazo, sino también de inequidad, ya que los costos son asumidos por una población que en su mayoría no contará con esos beneficios, pero financian los de los demás, que en este caso si bien son derechos, se convierten en privilegios.
La solución no pasa solo por garantizar el derecho a la seguridad social de los funcionarios, sino también de toda la población. El tratamiento de la Caja Fiscal no puede darse de manera aislada a un debate sobre cómo universalizar los derechos a un ingreso digno en la vejez y a un sistema de salud universal y gratuito a lo largo de todo el ciclo vital.
