13 oct. 2025

Intolerable impunidad para privilegiados en las cárceles

Un nuevo escándalo se ha desatado en el Penal de Emboscada, tras el hallazgo de un pabellón vip en su interior. Después de que la jueza Sandra Kirchhofer encontrara el pasado fin de semana lujos injustificables en el lugar, entre ellos un jacuzzi. Finalmente, el Ministerio de Justicia ordenó la intervención de la antigua cárcel de Emboscada. En el ahora denominado pabellón vip de Emboscada se encontrarían recluidos algunos procesados del caso A Ultranza Py. Son inaceptables los privilegios y la falta de rigor en los controles.

Mientras persista la impunidad en el Paraguay tendremos una Justicia independiente y, por lo tanto, nuestra democracia seguirá siendo frágil e incompleta y sobre todo, estará en riesgo.

El reciente hallazgo de un pabellón vip en el penal de Emboscada, donde se otorgaban una serie de lujos y privilegios es, precisamente, un indicio de ello. En el pabellón estarían recluidos algunos procesados del caso A Ultranza Py, así como reclusos que formarían parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).

En el acta de la jueza Sandra Kirchhofer se describen lujos y comodidades hallados en el pabellón vip y en el trascurso de la inspección se comprobó que en las dependencias privadas los reclusos contaban con sofás, frigobar, acondicionador de aire, televisor plasma, ventilador, baño privado con ducha, cocina amoblada, mesa, sillas, congeladores con carne, heladera y celulares.

Para acceder a los lujos debían pagar mensualmente G. 300.000 a otro interno, encargado del cobro; había también habitaciones para visitas conyugales, administradas por un interno, con alquileres que costaban G. 30.000, denominado Rapidito y de G. 130.000 y G. 170.000 para toda la noche.

Durante la inspección de la jueza se verificó un pabellón con dos alas de celdas vips y fue hallado un departamento del procesado Fernando Balbuena, equipado con un somier, sofá, acondicionador de aire, mesa, ventilador, máquina de café, cuadros, y baño privado. Asimismo, en la habitación ocupada por un procesado de nacionalidad ucraniana, identificado como Víctor Melnyk, hallaron un somier, acondicionador de aire y televisor plasma, mientras que en la habitación contigua se encontraron heladera, baño privado y otro televisor plasma.

En el segundo piso se verificó un altillo con tres camas pertenecientes a los internos Cornelio Duarte, Christian Luján y Ulises Núñez, cuyo baño privado se encontraba en la planta baja con una kichinette amoblada. Por otra parte, un recluso fue encontrado acompañado de una mujer y confesó que pagaba G. 150.000 por noche, la celda cuenta con baño privado.

Recordemos que hace un año, en el mismo penal de Emboscada fue denunciada una red de sobornos a agentes penitenciarios quienes eran sobornados por Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela, para hacer ingresar teléfonos celulares. El criminal les pagaba de G. 3 millones, G. 5 millones hasta 1.000 dólares por hacer ingresar teléfonos a su celda, además de obtener otros beneficios. También fueron denunciadas amenazas a los funcionarios penitenciarios, quienes dijeron que aquellos que no accedían al soborno eran amenazados.

Por otro lado, es muy diferente la cruel realidad en la que sobrevive la mayoría de los reclusos en las diferentes cárceles del país. Los internos deben subsistir en condiciones inhumanas, en medio de hacinamiento, sin las mínimas y básicas comodidades, durmiendo en el suelo o en pasillos.

Esto sucede porque las cárceles en el Paraguay no solo están colapsadas y albergan reclusos por encima de sus capacidades, sino que además el manejo interno, de acuerdo con las denuncias, escapa al control de las instituciones del Estado. Mientras los reclusos sobreviven en la miseria y el abandono, quienes disponen de recursos, como los miembros de familias criminales disfrutan de privilegios y caprichos.

Necesitamos una Justicia independiente que ya no permita privilegios ni impunidad, pero al mismo tiempo urge mayor eficiencia, considerando la crisis del sistema penitenciario en el que las 19.000 personas privadas de libertad en el país, solamente un 30% tiene condena.

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