En una misma semana, los dos municipios más grandes del país, que se hallaban intervenidos, quedaron sin sus intendentes electos. Hubo, sin embargo, una abismal diferencia en los procedimientos, cuando el adversario político fue destituido en una sesión de la Cámara de Diputados, mientras que al correligionario y amigo le permitieron anunciar su renuncia en una cómoda conferencia de prensa. La corrupción pública pone en riesgo la democracia, pero estos hechos nos muestran que el Estado de derecho en Paraguay está en peligro.
Una frase oportuna –y que expone en toda su dimensión los acontecimientos que estamos viviendo en Paraguay– refiere: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”. Dos intendentes electos, dos tratamientos muy distintos: uno, destituido sin contemplación por la mayoría colorada en Diputados; otro, que renunció en una conferencia de prensa y se retiró dejando excusas y una ciudad capital devastada.
Miguel Prieto fue destituido como intendente de Ciudad del Este, a partir del informe de la intervención, con 47 votos a favor de la aplanadora colorada. Según la oposición, las irregularidades mencionadas eran faltas administrativas, y que el interventor actuó manejado en “la operación política con fachada técnica y ropaje legal impulsada por el cartismo contra un adversario muy incómodo a sus intereses”. (ÚH. Agosto 19, 2025). Un día antes de la remoción, filtraron de fuente anónima audios relacionados con el interventor de la Municipalidad de CDE, Ramón Ramírez, donde se lo escuchaba supuestamente pidiendo favores a cambio del trabajo de perjudicar a Miguel Prieto, el intendente suspendido.
En el caso de Óscar Nenecho Rodríguez, este renunció al cargo de intendente de Asunción, una renuncia que está siendo cuestionada en su procedimiento. La intervención presentó un lapidario informe sobre la gestión, y cinco denuncias penales. Mientras en Ciudad del Este habrá elecciones, en Asunción la Junta Municipal deberá elegir al reemplazo de Nenecho, sin tener que medir fuerzas con la oposición.
Los casos de Prieto y Rodríguez no son los primeros. Un informe del Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial señalaba sobre la corrupción pública, que en Paraguay hay 32 casos contra intendentes y 6 contra gobernadores. De los cuales, solo uno se encuentra en prisión: Samuel González, ex intendente de Arroyito, sentenciado a cinco años de cárcel, quien cumple condena desde julio de este año. Los demás están condenados, pero libres, aplicando chicanas para no llegar a juicio. El más reciente caso es el del ex gobernador Hugo Javier González Alegre, quien junto a su ex jefe de Gabinete Miguel Ángel Robles, obtuvo su libertad ambulatoria. Habían sido condenados a diez años de cárcel por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
La impunidad en casos de corrupción –y yendo más profundamente, la impunidad que beneficia a los amigos del poder– es terriblemente nociva para la democracia, y para el Estado de derecho. Ese es un grave peligro que corre un país en el que las reglas no se aplican igual para todos, y donde las autoridades encargadas de hacer aplicar dichas reglas, no están sujetas a ellas.
Esto se refleja en el Índice de Estado de Derecho 2024, cuya clasificación señala que las tendencias autoritarias globales continúan, y que los controles sobre los poderes gubernamentales disminuyen. En cuanto a los límites del poder gubernamental, Paraguay, en una lista de 142 países, se ubicó en la posición 83. En corrupción pública, cae estrepitosamente en la lista, ocupando el puesto 128; en justicia civil está en 123, y penal 130. En el mundo, la puntuación del Índice de Estado de Derecho disminuyó en el 57% de los países y mejoró en el 43%. Paraguay se encuentra comprendido en el porcentaje donde la puntuación disminuyó.
Se debe castigar la corrupción pública, pero también se debe juzgar a todos por igual. Que a un intendente lo juzguen en la plaza y al amigo del poder le permitan retirarse con discreción e incluso ocultando el informe final de la intervención de su gestión, habla de la calidad de nuestro Estado de derecho.
