Según refirió el profesional del derecho, sus representados son un matrimonio de médicos que habían obtenido un crédito vía Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a través de la cooperativa Medalla Milagrosa, en el 2017, para comprar una vivienda.
Dijo que el préstamo era por la suma de G. 530 millones, por un plazo de 20 años. Indicó que adquirieron así su vivienda y pagaban una cuota mensual a la cooperativa de G. 6.077.500. En total, abonaron 14 cuotas, lo que equivalen a G. 85.085.140.
Sin embargo, explicó que luego la médica tuvo problemas de salud, al igual que su madre, por lo que no pudieron pagar más las cuotas, lo que fue comunicado a la cooperativa. Cuando finalmente mejoraron la situación, quisieron seguir con los pagos, pero ya el caso se había judicializado, explicó el profesional.
Chávez apuntó que los representantes de la cooperativa, en el año 2018, iniciaron una demanda de cobro de guaraníes por la suma de G. 1.300 millones, ya que tomaron los intereses moratorios por el plazo de 20 años, hasta el año 2037. La acción quedó ante el juez del tercer turno Civil de Asunción, José Miguel Villalba Báez.
Alegó que en el expediente judicial se remató finalmente la casa que habían adquirido por un valor de G. 300 millones y que fue adjudicada a la cooperativa. Con ello, pese al descuento de los pagos y el valor del inmueble entregado, aún tienen una deuda de cerca de G. 1.000 millones, lo que se duplica ahora por los intereses.
El abogado explicó que en el 2022, cuando tomó el caso, planteó una demanda por nulidad de acto jurídico, por el remate de la vivienda, ante el juez Walter Raúl Mendoza, del octavo turno de la capital, que ahora está para la resolución.
Indicó que ahora los abogados de la cooperativa pretenden que se les descuente de sus salarios a los dos médicos, con lo que tendrían una deuda de por vida, por el monto del dinero que aún queda por abonar.
El abogado Esteban Chávez señaló que pidió que se suspenda el embargo ejecutivo hasta tanto se resuelva el juicio de nulidad que promovió. Además, requirió al juez remitir los antecedentes a la Fiscalía, teniendo en cuenta la forma en que plantearon la demanda.
Cuestiona que no podían aplicarse los intereses por 20 años hasta el 2037, ya que el monto se convierte en interés moratorio al caer los plazos, y no como se presentó, ya que el préstamo fue de G. 530 millones.
Alega que los médicos que tuvieron el sueño de la casa propia ya perdieron la vivienda que adquirieron y ahora se les quiere descontar de nuevo sus salarios, lo que eternizaría la deuda.
Remarcó que con esto no se cumplen los fines cooperativos que es buscar el bienestar de sus miembros. Dijo que cuando se le explicaron los motivos de la cesación de pagos, se podría haber refinanciado o buscar alguna alternativa para ayudarlos.
