Es alarmante observar a las autoridades e incluso a funcionarios actuar con altanería, arrogancia e incluso prepotencia cuando se les reclama la rendición de cuentas de su gestión. Además de los casos de corrupción pública de los que hemos sido testigos y de la impunidad con que finalizan los casos, debería preocuparnos como sociedad que nuestra clase política haya olvidado que su única razón de ser es el servicio al ciudadano, y que las obras se financian con los recursos de los impuestos no son propiedad del partido sino del ciudadano.
Servir al pueblo debería ser un honor para cada autoridad electa para cada funcionario público. Lamentablemente, muchos parecen no haber leído la Constitución Nacional. En nuestra Carta Fundamental se explica que somos una República que adopta para su gobierno la democracia representativa, que la soberanía reside en el pueblo, el cual ejerce el poder público por medio del sufragio, para luego delegar el gobierno en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y aquí el concepto clave –que parecen haber olvidado– que el pueblo delega en ellos el poder.
A la luz de los últimos acontecimientos, con sendos informes sobre la gestión en los municipios más grandes del país podemos comprobar lo lejos que está nuestra clase política de representar realmente los intereses de la población. Al confrontar datos frente a las realidades que deben soportar los ciudadanos podemos ver que realmente no representan al pueblo, sino a sus propios intereses mezquinos, los de su partido y de sus correligionarios y amigos.
Los datos, si entramos en el detalle, contenidos en el informe final que presentó el interventor de la Municipalidad de Asunción son escandalosos. Se habla de “descalabro financiero”, y de que Nenecho Rodríguez utilizó los fondos de los bonos para gastos personales, constituyendo un 92% de esos fondos para pagos de salarios, dietas, bonificaciones, gratificaciones y aguinaldos.
“Usar dinero público que se destinó y autorizó para la construcción de infraestructura pública, en otros gastos no relacionados y alejados completamente del objetivo y de la autorización expresa recibida, hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”, señala el documento, y claramente apunta como corresponsables al jefe de Gabinete y a la mayoría colorada de los concejales, quienes fueron los que aprobaron las rendiciones del intendente en los años de su gestión.
La falta de transparencia en la administración de los recursos públicos es una de las señales para detectar el proceso de deterioro de la institucionalidad democrática en nuestro país, y es parte del desafío, de recuperar el respeto de las instituciones y las autoridades; elevar los criterio de desempeño, con exigencias e honestidad, profesionalidad, moral y ética. Es urgente reconstruir la confianza en las instituciones y en las autoridades porque la ciudadanía necesita ver que su clase política tiene integridad.
Para que esto deje de ser un ideal inalcanzable, debemos enfrentar el gran obstáculo que constituyen el clientelismo y el prebendarismo. Al mismo tiempo, se debe enmendar el error de creer que el Partido Colorado es el que resuelve los problemas del pueblo paraguayo y sus necesidades, ya que es el Estado a través de sus instituciones el que se encarga de satisfacer las necesidades del pueblo y lo hace con los recursos que provienen de un presupuesto financiado con los impuestos que paga el mismo pueblo paraguayo.
Luchar contra la corrupción es un imperativo, porque debemos entender que la corrupción supone el mal uso del dinero que proviene de nuestros impuestos y que deberían ser destinados en el bienestar del pueblo. El Estado debe dejar de ser el generoso empleador para los colorados, pues como señalaba un informe del Dende, los funcionarios públicos perciben un salario promedio que supera en 45,5% a los empleados de empresas privadas.
Debemos recuperar la institucionalidad porque necesitamos que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y en sus autoridades, y eso será posible solo con un manejo transparente de los recursos públicos.
