En el Paraguay, definido por su propia Constitución Nacional, somos una democracia representativa; por esta razón, diputados y senadores son votados por sus electores de acuerdo con una plataforma de propuestas, para que representen sus intereses en uno de los poderes del Estado, el Legislativo. Es por eso que un parlamentario que integró una lista de candidatos presentada para enfrentar precisamente al partido oficialista, y luego se pase al oficialismo, comete claramente una estafa electoral.
Como bien explican los expertos, cuando la Constitución dice que el legislador no tiene mandato imperativo, señala la independencia del legislador de la línea política de su partido, porque una vez que el diputado o el senador fue electo, se convierte en legislador de la República, por lo cual no puede estar sujeto a intereses sectoriales.
Así pues, si un legislador cometió esta suerte de estafa electoral, al no estar considerado el transfuguismo en ley alguna, lo único que queda es una posible condena moral y social; vale decir que sufra la condena del electorado.
Los recientes ejemplos de parlamentarios que cambiaron de bando no son lamentablemente los primeros casos de deslealtad con el electorado. Patrick Kemper, Norma Aquino, Javier Vera y Zenaida Delgado no han sido los primeros tránsfugas en nuestra historia política. Durante la dictadura, el Partido Liberal tuvo los denominados geniolitos, colaboracionistas con el dictador Stroessner; luego aparecieron los conocidos como cartollanistas. Antes de eso, el Partido Unace, que había sido liderado por el general Lino Oviedo, también vivió la misma experiencia cuando algunos de sus legisladores pasaron al Partido Colorado. En el año 2017, hubo un intento de modificar la ley para castigar a los políticos tránsfugas, pero no avanzó.
Al no estar penado por la ley, quien cambia de partido político después de haber sido electo comete sin duda una inconducta y su decisión es moralmente condenable. Y, se podría decir que tiene razón el partido que posteriormente reclama la banca que ocupa el político desertor. Que el transfuguismo debería estar considerado y penado en la ley no genera dudas.
La realidad que vemos actualmente exhibe una crisis no tanto en la representación del electorado ante los poderes del Estado, sino en la calidad de esa representación, lo cual remite también a una crisis de nuestro sistema democrático. La realidad nos muestra ejemplos como aquellos que ingresaron al Congreso Nacional por el Partido Cruzada Nacional, detrás de la estela de Paraguayo Cubas, pero luego se alinearon al cartismo. Estos legisladores destacan no por su productividad haciendo leyes, sino por triviales polémicas y escándalos.
Cada diputado y senador ocupa un curul como un resultado de la voluntad popular expresada en las urnas, eso es lo que les da legitimidad como representantes del pueblo; por esta misma razón, quien traiciona a quienes lo votaron y se cambia de bando por sus propios intereses personales, pierde la legitimidad.
Necesitamos tomar conciencia de la importancia de nuestra representación como ciudadanos.
Los tránsfugas deben tener siempre presente la Constitución Nacional, y recordar que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio para elegir a un gobierno que ejerce, en nombre del pueblo a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esa es nada menos la representación que deben honrar.
