El Tratado de Itaipú suscrito entre Paraguay y Brasil constituye uno de los instrumentos bilaterales más complejos y significativos de la historia de ambos países. El Tratado permitió la materialización de la mayor central hidroeléctrica del mundo en generación de energía renovable. A cincuenta años de su firma, la renegociación de este anexo se erige no solo como una posibilidad, sino como un imperativo nacional, ya que es una condición para que Paraguay pueda maximizar los beneficios económicos de su recurso, diversificar su matriz productiva y aumentar el nivel de autonomía en el manejo de los recursos que le pertenecen.
Sin embargo, la estructura jurídico-financiera del Tratado y, particularmente, lo estipulado en el Anexo C es objeto de un debate permanente en nuestro país por considerar que formaliza relaciones de dependencia y limita el ejercicio pleno de su soberanía energética.
La soberanía energética trasciende la mera propiedad legal sobre un recurso. Implica la capacidad efectiva de controlar, gestionar, distribuir y disponer de sus recursos energéticos en beneficio de su población y de su plan de desarrollo nacional.
Paraguay es, en teoría, un país rico en energía, ya que posee la titularidad del 50% de la energía generada por Itaipú. No obstante, el Anexo C del Tratado establece mecanismos que limitan de contenido práctico esta propiedad. Así, Paraguay ejerce una soberanía nominal, pero no efectiva. La negociación del Anexo C debe buscar transformar la propiedad jurídica en capacidad de decisión soberana.
Las consecuencias de esta limitación soberana son multifacéticas y profundas. En primer lugar, existe un costo de oportunidad económico. Paraguay recibe recursos que si bien son significativos para el fisco, es una fracción del valor que esa energía tendría en el mercado. Esta diferencia representa recursos no percibidos que hubieran podido invertirse en infraestructura, educación, salud y en la industrialización y diversificación productiva.
En segundo lugar, se consolida un modelo de dependencia y primarización. Paraguay no está desarrollando sectores productivos intensivos en energía, como la metalurgia, la química o la manufactura avanzada. En cambio, exporta la energía como un commodity primario e importa productos manufacturados. Brasil, en cambio, utiliza la energía para alimentar su sector industrial. Así, Itaipú, en lugar de ser el motor de la transformación productiva paraguaya ha contribuido a mantener una estructura económica poco compleja y diversificada.
Finalmente, se genera una dependencia financiera y técnica. La administración binacional, si bien paritaria en la dirección, está operando con criterios y estándares técnicos y financieros en los que la influencia brasileña es predominante.
La negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú es el desafío estratégico más importante que enfrenta Paraguay en materia de política exterior y desarrollo. No se trata de un simple ajuste contractual, sino de un acto de afirmación soberana para reclamar el control sobre el recurso natural que define, en gran medida, su potencial como nación. Mantener el statu quo implica resignarse a perpetuar un modelo de dependencia, subordinación y pérdida de oportunidades históricas para transformar la estructura económica del país.
Por el contrario, encarar una negociación firme, fundamentada y visionaria, con la soberanía energética como principio rector, permitiría a Paraguay convertir la energía de Itaipú en un instrumento de poder nacional. Los beneficios trascienden lo económico. Se trata de fortalecer la capacidad de construcción de un proyecto de desarrollo inclusivo y autónomo. El momento es oportuno, los argumentos son sólidos y la necesidad es imperiosa. Para Paraguay, la hora de negociar el Anexo C no es solo una opción política, sino también un mandato histórico para las generaciones presentes y futuras. La verdadera soberanía energética y con ella un nuevo horizonte de desarrollo, depende de este crucial proceso.
