Después de la dictadura de Alfredo Stroessner, en el país se han hecho grandes esfuerzos por superar los vestigios del que fue uno de los más largos y sanguinarios regímenes de la región. El dictador mandó sobre los destinos del país de manera autoritaria y con cotidianas dosis de violación de los derechos humanos, uno de los lugares símbolo de la vulneración de derechos eran las comisarías. Ahora, un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha expuesto las desastrosas condiciones de los calabozos.
Durante la dictadura (1954-1989) las comisarías policiales desplegadas por todo el país, en cada ciudad, pueblo y barrio, se erigían como símbolo del control y la represión. A estos lugares eran llevados los enemigos del dictador, adversarios políticos, sindicalistas, estudiantes, militantes de iglesia y ciudadanos sospechosos en general y aquí, en las comisarías estas personas detenidas de forma ilegal sufrían torturas y todo tipo de degradaciones.
Una de estas la Comisaría Tercera, ubicada sobre las calles Chile y Jejuí, en pleno barrio de La Encarnación, en Asunción, se convirtió en uno de los epicentros del horror durante la dictadura de Stroessner. Este fue un lugar donde se sucedían a diario y a todas horas torturas, ejecuciones y reclusiones ilegales. Incluso se sabe que en La tercera había celdas que fueron llamadas el Panteón de los vivos, donde subsistían apenas los presos, amontonados en las celdas, sin luz, sin comida, sin sanitarios, durante varios años.
Ciertamente que hubo cambios en el país tras la caída de la dictadura hace ya 36 años, pero lamentablemente es necesario admitir que no han mejorado en casi nada las condiciones de privación de libertad de las personas en las comisarías. Esto se hace evidente con una visita donde se ve que las paredes de los calabozos muestran que ahí nada cambió, las huellas de la humedad ensucian las paredes, los espacios siguen siendo reducidos, y quienes ahí son encerrados deben soportar colchones pelados ubicados directamente sobre el piso, en espacios antihigiénicos.
Esto se desprende de un estudio técnico realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en las comisarías del Departamento Central. “Para verificar en qué condiciones materiales se encuentran las celdas y los espacios de trabajo en las comisarías, identificar riesgos que puedan derivar en tortura o malos tratos, y evaluar si la capacidad real de alojamiento y la infraestructura disponible cumplen los estándares mínimos derechos humanos”. La visita incluyó, asimismo, la revisión de espacios destinados al personal policial, con atención especial a las necesidades de las mujeres que prestan servicio.
Como expresara una de las comisionadas del MNP, Sonia von Lepel, nos encontramos antes un problema estructural que requiere acciones urgentes y coordinadas, pues la combinación de espacios reducidos, ventilación deficiente, falta de sanitarios, registros incompletos y estancias prolongadas constituye un escenario incompatible con los derechos humanos, afirmó.
De acuerdo con el informe, más del 52,7% de las celdas individuales no alcanzan el estándar mínimo de 6 m²; además de otras deficiencias, como el mal estado de los baños, calabozos insalubres y el hacinamiento con largos periodos de detenciones; falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos que constituyen una vulneración a la dignidad humana.
Dice el informe del Mecanismo, que solo 13 de las 70 comisarías cuentan con celdas destinadas a mujeres y que solo tres cumplen el estándar de superficie mínima, lo que es apenas 4,3% del total del departamento.
Las comisarías del Departamento Central cuentan con una infraestructura deteriorada por la humedad, filtraciones y riesgo eléctrico y en la mayoría de las dependencias, hay déficit de dormitorios y sanitarios para mujeres policías.
Las condiciones son inaceptables, tanto en los calabozos para los detenidos como la situación de infraestructura para el personal policial. Esta situación debe cambiar y de manera urgente, ya que estas condiciones desastrosas atentan contra la dignidad y los derechos humanos.
