Un reciente análisis sobre la situación de la deuda pública en la última década realizado por la Contraloría General de la República (CGR) alerta sobre los riesgos que enfrenta el país ante la llegada a niveles críticos. Las consecuencias pueden ser graves en muchos ámbitos que van más allá de los indicadores macroeconómicos. Las políticas de austeridad –o como le llaman ahora consolidación– fiscal han tenido efectos negativos en las crisis de deuda, con retrocesos importantes, estructurales y de largo plazo en las condiciones de pobreza, salud, educación e infraestructura para la población.
El reporte de la CGR hace un seguimiento a la evolución de la deuda pública, señalando que ya a finales de 2023 la relación saldo de la deuda pública/PIB representó el 38,2%, sobrepasando el umbral inferior de sostenibilidad fiscal (25% al 50%) establecido por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para países emergentes como el nuestro.
Utilizando escenarios alternativos que incorporan diferentes variables, como el tipo de cambio, la tasa de crecimiento del PIB, tasas de interés, y el resultado fiscal, el informe señala que la ratio deuda/PIB para la Administración Central representa 42,4% para el 2025, 47,5% para el año 2026, 44,2% para el 2027 y 41,1% para el año 2028, sobrepasando el nivel precautorio del 40% del PIB para la deuda del sector público recomendado por el CAF, a partir del cual podrían presentarse dudas sobre la capacidad de pago del país sin afectar gastos esenciales para la población.
En los escenarios de shocks negativos se obtendría un resultado fiscal global más deficitario de la Administración Central en el año 2025 con relación a las proyecciones fiscales, ya que se alcanzaría un déficit global del 3,5% en el año 2025, este déficit supera el previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas, que estipuló un déficit del 1,9% para el 2025.
Los indicadores de solvencia determinados para los distintos escenarios de shock negativos en los años 2025 y 2029 evidencian que el ratio saldo de la deuda pública AC/ingresos totales AC arrojó como resultado 266,4% en el 2025, y 235,9% para el año 2029, estos ratios se posicionan muy por encima de los umbrales de referencia recomendado por los organismos internacionales de crédito (entre 90% y 150%).
Los indicadores de liquidez determinados para los distintos escenarios de shock negativos en los años 2025 y 2029, ubican el ratio servicio de la deuda/ingresos tributarios en 38,0% en 2025, y 41,5% para el año 2029. Para este indicador, el FMI establece un rango del 25% al 35% como valores críticos o límites.
El rápido incremento de la deuda pública, originado por la emisión de bonos soberanos y la contratación de préstamos internacionales, podría conducir a desequilibrios económicos y afectar la sostenibilidad de la deuda pública.
El mundo conoce las duras consecuencias de las crisis de deuda. Con el objetivo de mantener los indicadores macroeconómicos en ratios optimistas y, en particular, la sostenibilidad de la deuda, se implementan políticas de austeridad o consolidación fiscal que terminan empobreciendo y endeudando a los hogares, reduciendo las inversiones en servicios sociales que garantizan derechos, aumentando impuestos indirectos e incrementando las desigualdades.
El propio informe alerta sobre dos posibles consecuencias: mayor carga fiscal y reducción de servicios públicos. El problema es que, en un país donde la desigualdad ya es considerable y en el que la mayoría de las decisiones se toman para beneficiar a sectores minoritarios de la población, cualquiera de estas dos medidas recaerá de forma desproporcionada sobre los trabajadores, los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad o sobre la clase media.
Esta situación se agrava tanto que la población paraguaya no está sintiendo los beneficios del endeudamiento; al contrario, algunos indicadores –como los ingresos laborales, la inflación de alimentos, la ralentización de la reducción de la pobreza, la informalidad laboral, la calidad de los servicios de salud, educación y transporte, tan importantes para la población– no evidencian mejoras significativas, mientras que el ratio deuda/PIB creció de manera sustancial. Por lo que la pregunta obligada es: ¿A quiénes benefició el endeudamiento?
