La aspiración de alcanzar una Justicia imparcial e independiente está lejos de ser una realidad. Además de las tristemente célebres chicanas, y la partidización del sistema, experimentamos la peligrosa intervención de sectores políticos y económicos. Así quedó expuesto en la semana pasada con una reunión secreta de ministros de la Corte Suprema con el titular del Ejecutivo y, presuntamente, con el presidente de la ANR. El hecho daña a la democracia, demuestran desapego al Estado de derecho y pone en duda el grado de inversión.
Mientras se siguen sumando las historias de víctimas de la denominada mafia de pagarés, que son personas que están siendo perjudicadas gravemente por las debilidades del Poder Judicial, y nuestro sistema de Justicia responde en forma tibia, lenta y casi indiferente, el país es sacudido por los alcances de una reunión secreta.
Ni la reserva ni el sigilo fueron suficientes para que se hiciera público el encuentro que tuvo lugar, nada menos que en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, entre ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República Santiago Peña y –presuntamente– el titular del Partido Colorado y ex presidente de la República Horacio Cartes.
Y precisamente, en la medida en que aumenta la indignación ante las injusticias que soportan los casi siete mil compatriotas va creciendo, asimismo, el temor ante la impunidad que pueda favorecer a los responsables de la estafa. Porque la Justicia paraguaya está seriamente comprometida, reacciona muy lentamente y con cierto grado de indiferencia. Debemos recordar, como había reportado este diario recientemente, que un ujier investigado e imputado por el caso mafia de pagarés fue visto, en –nada menos– que la plenaria del movimiento oficialista de la ANR, Honor Colorado.
Es momento de preguntarnos, ¿de qué manera ven desde el exterior al Paraguay? ¿De qué servirán los viajes presidenciales alrededor del planeta si no se demuestra seriedad jurídica? Y, ¿cómo afectará esta realidad al grado de inversión?
Precisamente, y como una respuesta a la mencionada reunión, diversos sectores de la oposición se manifestaron en reclamo de una Justicia independiente y transparente frente a la sede del Poder Judicial.
La reunión secreta ha ido generando serios cuestionamientos sobre la parcialidad del Poder Judicial, así como también preocupación por el principio de separación de poderes. Como decían los manifestantes, las reuniones fuera de la agenda pública debilitan la credibilidad de la Justicia y profundizan la desconfianza ciudadana contra el Poder Judicial, por eso dirigentes de partidos políticos, gremios de abogados, dirigentes sociales y campesinos han pedido en la protesta la renuncia de los ministros de la Corte que participaron de la reunión secreta con el presidente, y –presuntamente– con el presidente del Partido Colorado
Justamente, se ha extendido el temor de que en la reunión reservada en la residencia presidencial se pudieran haber negociado ciertas decisiones que podrán afectar a dirigentes de la oposición, como ser la ex senadora Kattya González. Precisamente, la dirigente ha sostenido que quienes por perjuro han traicionado la confianza del pueblo y son incapaces de comportarse con coraje cívico y honestidad intelectual deben renunciar.
Preocupa, asimismo, cuál habría sido la agenda discutida en la reunión secreta, ya que como es sabido, hay grandes temas pendientes por definirse a nivel judicial y que tendrán repercusión política: Casos como los de ex presidente Mario Abdo Benítez, del diputado Mauricio Espínola y del ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Todo esto sin mencionar la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que elimina el límite de dos años que tenían los ministros en los feudos judiciales departamentales, lo que es visto como un retroceso.
Paraguay no puede desistir del reclamo de una Justicia imparcial e independiente, pues esta es una de las columnas que sostienen nuestro Estado de derecho; y sin ella no seremos vistos como un país serio y confiable.