La Cámara de Operadores Móviles de Paraguay, integrada por las compañias Claro, Personal, Tigo y Vox, emitió un comunicado luego de que sus trabajadores hayan sufrido amenazas y agresiones por parte de vecinos de localidades donde se encuentran instaladas antenas de telefonía móvil.
Las operadoras móviles respaldadas por investigaciones de entidades internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, esta última la máxima autoridad a nivel mundial en materia de radiaciones electromagnéticas, señalan que estudios sobre los efectos de las ondas que emiten las antenas de telefonía sobre la salud humana no refieren sobre efectos negativos.
“Según la OMS, ‘hasta la fecha, y después de mucha investigación realizada, ningún efecto adverso para la salud se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas’. Dentro de estas tecnologías se incluyen a las diferentes generaciones de sistemas de telefonía móvil, a saber, 1G (1era. generación), 2G, 3G, 4G y 5G (5ta. generación)”, explican a través de un comunicado.
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Asimismo, atendiendo a que el mayor temor se dio por nuevas antenas de 5G, las empresas telefónicas aclaran que en Paraguay no existe aún ningún sistema 5G en operación.
Las telefonías lamentaron los daños causados, sobre todo teniendo en cuenta que los servicios de telecomunicaciones juegan un rol fundamental en medio de la crisis causada por el Covid-19.
Recuerdan a la ciudadanía que este servicio acerca a las familias digitalmente, sus trabajos, proyectos, estudios, emprendimientos; así como también con los profesionales de salud y autoridades. “Incluso, las billeteras electrónicas de las diferentes operadoras están facilitando las transferencias de subsidios del Gobierno. Nada de esto sería posible sin antenas de telefonía móvil”, insisten.
Los operadores de telefonía móvil manifiestan que no podrán garantizar la prestación de sus servicios en aquellas localidades donde se produzcan hechos vandálicos contra sus instalaciones, y advierten que se tomarán todas las medidas legales contra quienes dañen las infraestructuras de telecomunicaciones y atenten contra el personal técnico asignado a tareas de instalación, mantenimiento y reparación de sus sistemas.
También, piden a la ciudadanía consultar fuentes oficiales en caso de dudas sobre los efectos a la salud humana que pudieran derivar de las infraestructuras de telecomunicaciones utilizadas para el servicio de telefonía móvil. Además, urgen a las autoridades nacionales y locales que aseguren las garantías necesarias para mantener activos los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.
El caso
El pasado viernes, en Azotey, Departamento de Concepción, una instalación de telefonía móvil quedó fuera de servicio luego de ser incendiada. A raíz de esto otras cinco instalaciones que brindan servicio en la zona, como consecuencia de la afectación de la primera, quedaron igualmente fuera de servicio, dejando incomunicados a miles de usuarios.
Además, se registraron amenazas de hechos criminales similares en localidades como Yby Yaú, Santa Rosa del Aguaray y Presidente Franco por una supuesta teoría que circula en las redes sociales de que las antenas 5G producen enfermedades como el cáncer y hasta el coronavirus.
Sobre el caso también se había pronunciado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
