José Espínola, representante de un grupo de guardiacárceles en huelga, manifestó que se encuentran huérfanos de las autoridades que desde el motín en el penal en Tacumbú siguen sin aparecer, haciendo referencia al ministro de Justicia, Ángel Barchini.
“El director del penal, su insistencia es que tenemos que entrar a trabajar, pero por falta de garantías no estamos entrando”, manifestó el funcionario penitenciario.
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Asimismo, mencionó que el propio director les informó que hasta ahora recuperaron el 80% de las armas tomadas en el último motín, por lo que no tienen garantías para realizar su trabajo.
En ese sentido, indicó que no saben qué tipo de armas tienen los presos, pero que hay cortas y largas entre las sustraídas el día del motín y que el control total de la cárcel lo tienen los presos.
“Hay tres grupos de guardiacárceles, son un total de 70 guardiacárceles. Hay 15 funcionarios a reventar para 1.800 reclusos. Entre ayer y hoy entraron unos 40 reclusos”, detalló a la 1330 AM.
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A su vez, reconoció que los funcionarios que están trabajando ingresan hasta el pabellón y recorren la penitenciaría sin armas.
“La falta de garantía escapa de nuestras manos como funcionarios, escapa de nuestra seguridad, debe tomarse más arriba, ellos deben solucionar, no nosotros. Creo que hay una comisión de crisis que ellos tienen para tratar de que esto se acabe y llegue a buen puerto”, analizó.
También especificó que hay sectores a los que ya no tienen acceso y que antes de la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, tenían autoridad como funcionario, pero la misma supuestamente “negoció” con el clan Rotela y empezaron a crecer hasta convertirse en lo que es hoy.
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El representante de guardiacárceles dijo que no tienen acceso a los pabellones y son “muñequitos” de guardia en cada esquina. “Totalmente Tacumbú es controlado por el clan”, aseguró.
Jueces en contra de enviar internos a Tacumbú
Los jueces Gustavo Amarilla y Rosarito Montanía revelaron que ya no firmarán resoluciones de prisión preventiva para la cárcel de Tacumbú. No están de acuerdo con la decisión del Ministerio de Justicia de reabrir el penal.
El Ministerio de Justicia habría cedido a a una de las exigencias del clan Rotela para el ingreso de nuevos internos al penal, pese a la superpoblación y hacinamiento en el que viven los reclusos.
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“Lo que leímos entre líneas es que ellos (el Estado) cumplieron una de las peticiones del clan Rotela. Ojalá estemos equivocados”, señaló la jueza Rosarito Montanía.
En su opinión, la penitenciaría de Tacumbú debe cerrarse definitivamente porque su sistema actual está preparado para favorecer la influencia del crimen organizado.
El magistrado Gustavo Amarilla por su parte expresó que maneja información de policías, guardiacárceles y abogados, y que todos coinciden en que “la penitenciaría de Tacumbú hasta un punto nomás está a cargo del Estado, pero el resto no”.
