Los jueces Gustavo Amarilla y Rosarito Montanía anunciaron que ya no emitirán resoluciones para enviar a internos a la cárcel de Tacumbú y mostraron su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Justicia de reabrir el penal, a pesar de la superpoblación y situación de hacinamiento en que viven los reclusos.
Los jueces señalan que la entrada de nuevos internos al penal servirá para “seguir alimentando las potencialidades del clan Rotela”, grupo que tiene el control de la penitenciaría.
El magistrado indicó que maneja información de policías, guardiacárceles y abogados, y todos coinciden en que “la penitenciaría de Tacumbú hasta un punto nomás está a cargo del Estado, pero el resto no”.
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Amarilla recalcó que hay que ser astutos, patriotas e inteligentes para ver cómo ir debilitando esa estructura y evitar enviar a personas que puedan ser futuros soldados o financistas del grupo criminal liderado por Armando Javier Rotela.
“Ese lugar sigue siendo un caldo de cultivo para soldados o para potenciar económicamente a quienes manejan el penal, yo creo que nosotros no tenemos que estar alimentando eso”, manifestó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
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Su colega, la jueza Rosarito Montanía, se mantuvo en la misma línea y se refirió a la reapertura del penal, que se habría dado por presión del grupo criminal como parte de un acuerdo con el Gobierno para que vuelva la paz en el penal, que fue tomado por los internos el pasado 10 de octubre.
“Lo que leímos entre líneas es que ellos (el Estado) cumplieron una de las peticiones del clan Rotela. Ojalá estemos equivocados”, señaló a la misma emisora radial.
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En su opinión, la penitenciaría de Tacumbú debe cerrarse definitivamente porque su sistema actual está preparado para favorecer la influencia del crimen organizado.
“No podemos continuar con este sistema, porque en cualquier momento explotará. Incluso puede ser peor”, añadió.
