Argumentando hacinamiento en penitenciarías cercanas, el Ministerio de Justicia anunció este sábado que se dispuso la apertura del penal de Tacumbú para recibir nuevos internos. El penal más grande del país, que alberga cerca de 3.000 personas, estaba cerrado por hacinamiento.
Hacinamiento de penitenciarías cercanas obliga a reabrir Tacumbú y cerrar Emboscada “Antigua”, de conformidad al cronograma de redistribución y albergue de personas privadas de libertad (PPL) del 28 de agosto del corriente año.#GobiernoDelParaguay 🇵🇾
— Ministerio de Justicia (@MJusticiaPy) October 28, 2023
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La reapertura del penal y el traslado de internos que pertenecen al clan Rotela a este espacio formaba parte de las exigencias del grupo criminal en las negociaciones con el Gobierno, para detener el motín con toma de rehén que se realizó entre la tarde noche del martes 10 de octubre y la mañana del día siguiente.
“Hacinamiento de penitenciarías cercanas obliga a reabrir Tacumbú y cerrar Emboscada “Antigua”, de conformidad con el cronograma de redistribución y albergue de personas privadas de libertad del 28 de agosto del corriente año”, se puede leer en el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia.
De esta manera, el grupo criminal liderado por Armando Javier Rotela consigue sus pretensiones. Desde el último motín hasta ahora no ingresaron todos los guardiacárceles al penal de Tacumbú.
Los funcionarios penitenciarios indican que no se dan las garantías para que puedan realizar su trabajo y solo un grupo realiza sus labores por voluntad propia.
El motín del 10 de octubre
Un total de 23 guardias fueron tomados de rehén en la noche del 10 de octubre. Los funcionarios fueron despojados de sus armas y uniformes, que en gran parte quedaron en poder de los presos.
Los internos, que tomaron el control del penal, a su vez, incendiaron gran parte de las instalaciones y cortaron el suministro de energía eléctrica, generando caos en el interior del centro penitenciario.
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Luego de varias horas, el líder del clan, Armando Rotela, conversó con el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, a quien le planteó exigencias puntuales.
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La organización exigió que no ingrese la Policía al recinto y que se retiren los helicópteros que estaban sobrevolando la zona. El pedido fue cumplido y los uniformados abandonaron el lugar.
A 18 días del conflicto, el Estado aún no recuperó el control total de la penitenciaría.
