La tozuda y constante tarea de una gran parte de la clase política paraguaya ha sido sacarles autoridad y legitimidad a las instituciones. Ellas son solo sirvientes del poder y ante él los nombrados sucumben y claudican. Son funcionales a los fines y propósitos y les da igual si son ministros de la Corte, presidentes, ministros, legisladores u otros cargos públicos. La lógica es la del “yo mando y hago lo que quiero”, y eso tiene un enorme costo sobre la democracia en su conjunto. Afecta mucho más a las instituciones que tienen que ver con la endeble Justicia a las que la revienten desde el momento que escogen a un ministro, juez o fiscal hasta el tiempo en que deben juzgarlos por sus actos indecorosos. La deslegitimación es un proceso continuo, permanente y programado para ese fin.
Los escándalos del senador Rivas, que parece no acredita ni su condición de abogado, ya fueron suficientes para que lo removieran de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento, pero caraduramente continuó ocupando la representación de los senadores. El que lo sustituyó parece continuar la misma zaga ante el beneplácito de los corruptos que disfrutan del descrédito en que estos funcionales le hacen caer a la institución. Los magistrados y fiscales sinvergüenzas disfrutan de esta decadencia que los “legitima” ante la sociedad y sus colegas para transitar los caminos torcidos. Nadie se anima a ir, por ejemplo, contra el juez que se hizo con un terreno del Ministerio de Defensa luego de haber sospechosamente participado de un caso que involucraba al repartidor de las tierras. La idea deslegitimadora es que todo sea burdo, decadente o pornográfico. Tiene que exhibirse ante los demás de forma grosera para que su impudicia sea aleccionadora frente a aquellos que saben que esto está mal y degrada a la democracia. La senadora Lizarella Valiente hormoniza todo a su paso poniéndole tono prostibulario a la escena política.
Lo peor de la situación actual es que son mayoría y con la complicidad de los adherentes de Cubas conforman un bloque capaz de torcerle el pescuezo a la dignidad en cualquiera de sus formas y manifestación. Agreden e insultan la racionalidad, se mofan de la honorabilidad y embisten contra cualquier argumento lógico en el afán de sostener sus burdas manifestaciones de poder. Son capaces de ir contra las libertades básicas, como la de expresión, porque todavía creen que deben ser impunes a la crítica y a la respuesta soberana. La Justicia es cómodamente cautiva de ellos porque finalmente han sido elegidos por los mismos a quienes deben sancionar o investigar. Todo interesado en ser juez debe pasar por las peores humillaciones ante estos villanos deslegitimadores de la democracia, que gozan cómo los candidatos bajan la cerviz para ostentar un título que de nada sirve más que para ser funcionales al poder que hunde y degrada.
La confianza en el Ministerio Público se ha diluido en menos de un año. El fiscal general, Emiliano Rolón, es uno más del sistema. Disfruta de sus ventajas colocando a los parientes en cargos públicos y se hace el chancho rengo en toda investigación que pueda poner en peligro su pellejo y de los que recibieron cargos por su cercanía. En el caso de Cartes, no se anima a emprender ninguna investigación dejando que los americanos y colombianos hagan la tarea. La apertura de carpetas contra el ex mandatario con fiscales expertos en enfriar casos nos demuestra su nulo interés en hacer olvidar a su antecesora que debe disfrutar de su émulo.
La deslegitimación democrática siempre acaba mal. O terminamos como la Argentina de Milei o la tragedia de Venezuela con Chávez. La degradación de nuestras instituciones con operadores corruptos, incapaces e indolentes es el camino seguro para los demagogos y tiranos. Estamos perdiendo la democracia por el peor de los caminos: La deslegitimación activa de sus instituciones.
