Es difícil decirle a un médico que estudió doce o quince años de su vida que el Estado no puede pagarle más de G. 15 millones por 36 horas de trabajo cuando en la nómina pública aparece una egresada de secundaria con cargo de asistente y un salario mensual de G. 18 millones, puesto al que accedió sin concursar, por solicitud de un político correligionario de su padre, el vicepresidente de la República. Es aún más complicado comparar y pretender equiparar una hora de trabajo de un neurocirujano o de un oncólogo pediátrico con, por ejemplo, una militante republicana encargada del “departamento de protocolo” de una entidad, cuya única función es administrar puertos y mantener la navegabilidad de los ríos.
Este es el principal problema que enfrenta un gobierno que busca negociar con el gremio de médicos del Ministerio de Salud para evitar huelgas y renuncias, insistiéndoles en que no hay recursos para aumentarles el salario, cuando no existe una sola dependencia pública que no albergue funcionarios que entraron por mero cupo político y que ostenten un cargo inventado, sin la menor utilidad para el contribuyente que paga su salario y con una remuneración que se encuentra en las antípodas de la realidad laboral del país.
Es muy difícil pedir austeridad cuando los correligionarios hacen vito con el dinero público repartiéndolo entre sus operadores colgados de la nómina del Estado. Es casi imposible sostener argumentos serios cuando políticos sin la menor formación académica engordan las planillas laborales de una hidroeléctrica con salarios superiores a lo que cobran cuatro o cinco médicos juntos.
Es la absoluta anarquía salarial del Estado y la forma grosera como han ingresado casi tres cuartas partes de los más de trescientos mil funcionarios cuyos salarios pagamos compulsivamente los contribuyentes, que les han sacado toda autoridad moral a quienes quieran discutir en representación del gobierno con el único sector de esos trabajadores que necesariamente se formó. Los políticos pueden encumbrar a un semianalfabeto con un título falso de Derecho y coronarlo como cabeza de un tribunal que juzgue a jueces y fiscales, pero ninguna conscripción partidaria, ni la obsecuencia servil de toda una vida, ni los parentescos ni los amoríos inconfesables pueden dotar del conocimiento ni la pericia a quien empuña un bisturí para extirpar un tumor o amputar un miembro necrosado.
Por supuesto que hay buenos y malos médicos. Hay casos de negligencia, hay errores fatales, hay comerciantes de la salud y hay corruptos. Pero hasta el más torpe o el más necio de ellos tiene necesariamente un nivel de formación que excede por mucho el de la mayoría de la legión que el partido metió por la ventana. Cualquiera de los médicos que hacen guardia a diario en las trincheras del Hospital de Trauma tiene más méritos y es más necesario que todos los operadores juntos que hoy pueblan consejos y directorios en cientos de oficinas públicas.
Por eso, esta huelga tiene otro tinte. No es solo otro sindicato de funcionarios públicos. No es un ala partidaria en busca de un contrato colectivo de trabajo leonino, uno que ponga de cabeza las finanzas de una empresa del Estado. Es el recurso más valioso de cualquier país. Es el capital humano más complejo de formar.
Esta huelga tiene además otra característica que la hace diferente. Desnuda un problema mucho mayor y más intrincado: el colapso del modelo de salud pública. No es solo que lo destinado a la inversión en salud sea insuficiente para cubrir estas demandas salariales, es que resulta insuficiente para dar una cobertura mínima a la población en general. Sencillamente los médicos pudieron hacer lo que los pacientes no: organizarse para protestar.
Esta huelga desnuda en definitiva los dos mayores fracasos de este gobierno y de los que le antecedieron: la incapacidad de ordenar salarialmente el Estado y la de proponer un modelo alternativo a este sistema de salud que nunca funcionó.
