El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto (PGN) para el 2027. Este merece especial atención, dado el desorden fiscal observado en los últimos años.
Lo más relevante de este proyecto de PGN es que busca sincerar las cuentas, saldar la deuda con los proveedores del Estado y sostener el gasto en medicamentos e insumos hospitalarios para mantener un nivel mínimo de servicios de salud a la ciudadanía. A estos rubros se asigna una gran proporción de los recursos adicionales previstos para el 2027. Así, para regularizar la deuda con proveedores del Ministerio de Salud, se incorpora un monto de USD 955 millones. También, incluye un aumento del 50% respecto al PGN vigente para la compra de medicamentos e insumos, con un total de USD 770 millones.
Además, pide autorización para utilizar recursos de deuda pública para el pago de estos gastos corrientes, hoy prohibido por la Ley de Administración Financiera del Estado. Si bien esto es razonable para casos muy excepcionales como la pandemia, hacerlo en tiempos normales pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las autoridades del Congreso deben, urgentemente, poner en práctica un plan de contención de otros gastos corrientes para recuperar el necesario equilibrio entre ingresos y gastos corrientes del Tesoro, para evitar males peores en el futuro. Por ejemplo, incorporar en la ley de presupuesto la prohibición de contratar nuevos funcionarios, el no reemplazo de funcionarios que se acojan a la jubilación y no realizar reajustes salariales hasta recuperar el equilibrio en la cuenta corriente del Tesoro.
Adicionalmente, se prevén incrementos presupuestarios para el Ministerio de Obras Públicas por unos USD 360 millones para inversión física; al Ministerio del Interior por USD 136 millones para contemplar el impacto del aumento del salario mínimo en algunos rubros de la policía; y al Ministerio de Desarrollo Social, con un monto adicional de USD 103 millones para incorporar 30 mil nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores. El MEF solicita autorización para superar el tope de déficit de la Ley de Responsabilidad Fiscal e incrementarlo al 3,9% del PIB para el 2027, en el marco del nuevo plan de convergencia fiscal. Esto representa un monto de aproximadamente USD 2.700 millones. Para cubrir este déficit el Tesoro tendrá que tomar nuevo endeudamiento a través de préstamos de organismos multilaterales y la emisión de más bonos soberanos.
Por otro lado, la proyección de ingresos tributarios parece muy optimista. Considera una depreciación del guaraní del 7,5% respecto al valor actual del dólar, y una presión tributaria de 11.2% del PIB que, si bien hay mejora posible en la eficiencia de la recaudación, es muy difícil de alcanzar. Los ingresos tributarios previstos en el PGN superan en USD 400 millones las proyecciones de Dende. Esto genera riesgos altos para la ejecución del presupuesto, porque los gastos rígidos absorben casi la totalidad de los ingresos del fisco. Por lo tanto, si no se recauda lo previsto, es probable que no se puedan ejecutar algunas partidas o se acumulen nuevamente deudas con proveedores.
Este proyecto de PGN del 2027 está reflejando el desorden fiscal de los últimos años. La incorporación de programas de alto costo sin financiamiento genuino, como hambre cero, la duplicación de la fuerza policial, la universalización de la pensión para adultos mayores, etc., justificados con proyecciones de ingresos optimistas no realizados. La falta de ingresos se cubrió con atrasos a proveedores. El proyecto no incorpora ajustes salariales, pero el sindicato de médicos está presionando, con huelgas, por un aumento salarial del 60%, con un costo estimado de USD 160 millones anuales.
Finalmente, no es razonable que un senador proponga, en medio de una huelga, aumentar impuestos para enfrentar la crisis y facilitar los acuerdos salariales. Lo correcto sería que el gobierno explique el impacto de la implementación acelerada de sus programas prioritarios y en cuanto tiempo se recuperaría espacio fiscal. Una actitud correcta de los parlamentarios sería evaluar la razonabilidad de las demandas de los médicos, dados sus salarios actuales y tomen decisiones responsables, no con visión electoral, sino de Estado.
