En América Latina, el crimen organizado avanza como una sombra que se adapta, infiltra y captura. Paraguay no es la excepción. Lo vemos en la frontera, en los puertos, en los barrios. Lo sentimos en la inseguridad cotidiana, en la desconfianza institucional, en la impotencia ciudadana. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: más armas, más patrullas, más operativos.
Pero el crimen no se combate solo con balas. Se combate con legitimidad. Con servicios públicos que funcionen. Con educación que incluya. Con salud que proteja. Con instituciones que respondan. En otras palabras: con capital social.
La presión tributaria en Paraguay ronda el 11% del PIB. Es una de las más bajas del mundo. Con ese nivel de recaudación, el Estado no puede garantizar ni seguridad, ni justicia, ni desarrollo. Es más, esa impotencia patrimonial para cumplir con sus obligaciones es de larga data. En 2013 comenzaron las primeras quejas; en 2018 recibimos deudas por más de USD 400.000.000. Para 2023, la cifra trepó a USD 600.000.000, y para noviembre de 2025 volvió a subir a más de USD 1.000.000.000. Es un síntoma que hay que mirar con cuidado.
Para mí, es un mensaje claro de que con esta presión tributaria el Estado no puede hacer mucho, y resiente la calidad de los servicios públicos. Se suele justificar la baja presión tributaria con la promesa del efecto derrame: que si la economía crece, los beneficios llegarán a todos. Pero esa promesa no se cumple sola. El derrame no sustituye al Estado. No hay salud pública sin financiamiento. No hay educación de calidad sin inversión. No hay seguridad sin instituciones fuertes.
El crecimiento económico puede generar riqueza, pero no garantiza equidad. Sin arquitectura institucional, el derrame se evapora. Sin vasos comunicantes –escuelas, hospitales, justicia, infraestructura– el agua no llega. Y sin recursos fiscales suficientes, esos vasos no existen.
Se resuelve con un pacto social y político, como aquel que llevó a tener una macroeconomía sana y responsable en 2003. Un pacto fiscal no es solo un llamado al bolsillo del ciudadano. Es un llamado a la conciencia del Estado, que exige un compromiso firme: gastar mejor, rendir cuentas, eliminar privilegios y priorizar lo esencial. Con eficiencia, con transparencia, con resultados.
Este pacto fiscal no seria una traba al crecimiento. Es su complemento. Recaudar más y gastar mejor no frena la inversión; al contrario, la potencia. Porque un Estado legítimo, eficiente y presente es el mejor aliado del desarrollo sostenible.
No se trata de recaudar más para seguir haciendo lo mismo. Se trata de recaudar más para hacerlo distinto. El problema no se resuelve esperando que el gasto sea eficiente, pues es un proceso que toma su tiempo; mientras tanto, seguirán las carencias. Tampoco se resuelve solo pidiendo más al ciudadano.
Una matriz de compromisos es posible. En salud, priorizar la atención primaria y digitalizar las compras. En educación, invertir en infraestructura y formación docente. En inversión pública, evaluar proyectos antes de ejecutarlos. En justicia, fortalecer su independencia. Cada guaraní debe tener trazabilidad, propósito y resultado. Porque si el ciudadano va a aportar más, el Estado debe demostrar que está dispuesto a transformarse. Que cada institución sirve, no que se sirve.
La seguridad duradera no se construye desde el miedo, sino desde la confianza. Y la confianza requiere inversión. No solo en armas, sino en maestros, médicos, jueces, trabajadores sociales, infraestructura, cultura y participación ciudadana.
Paraguay no puede seguir esperando. Este pacto fiscal no es una opción. Es una urgencia. Porque sin capital social, no hay República. Y sin República, el crimen manda.
