La apuesta por convertir a Paraguay en un hub tecnológico impulsando la atracción de inversiones mediante tarifas de energía convergente puede interpretarse como una visión audaz del Gobierno. Sin embargo, el sigilo gubernamental con el que se han manejado estos decretos empaña las iniciativas. Las reacciones de referentes del sector energético e incluso funcionarios de la ANDE no se hicieron esperar.
El principal cuestionamiento hacia este tipo de iniciativas es que se da en el contexto de un país que transita hacia una emergencia energética y donde el ciudadano común soporta las deficiencias del sistema.
Los críticos señalan que otorgar precios preferenciales a gigantes de la IA y los data centers pone en riego a la salud financiera de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), estableciendo un nuevo subsidio encubierto que solo acrecentará las pérdidas de la golpeada estatal. Según señaló recientemente Aníbal Sánchez, presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE, la empresa estatal ya perdió más de USD 1.000 millones por causa de la tarifa política.
Algo que queda claro en este contexto es que si el desarrollo industrial no viene acompañado de una rendición de cuentas clara sobre el beneficio real para la ANDE y el país, corremos el riesgo de malvender nuestra energía a cambio de una modernidad de fachada que deje a oscuras al resto de la población.
La controversia sobre la sigilosa aparición de las tarifas para energías convergentes (industrias de alto consumo como data centers e inteligencia artificial) se centra en la emisión de dos decretos presidenciales, emitidos a inicios del mes y que establecen precios diferenciados.
La Unión de Ingenieros de la ANDE sostiene que el Gobierno vulneró la autonomía de la institución al fijar por decreto tarifas que están por debajo de los valores del pliego tarifario vigente. Critican que la decisión se tomó sin la participación técnica habitual de la entidad.
En la misma línea, expertos y opositores señalan que estos precios especiales representan un subsidio para grandes empresas tecnológicas en detrimento del sistema eléctrico nacional. Aseguran que, incluso, en algunas condiciones la ANDE estará obligada a vender energía por debajo del costo.
Por su parte, tras inicialmente permanecer en sigilo, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, habló con los medios y negó que existan subsidios. Asimismo, el funcionario argumenta que las tarifas buscan atraer inversiones de alta tecnología para posicionar al país como un hub regional de IA.
Mientras se otorgan estas facilidades a grandes consumidores, el país ha extendido la emergencia energética hasta 2027 debido a deficiencias estructurales en las redes de distribución.
Aunque el Gobierno ha defendido estas tarifas como “competitivas” para atraer inversión, se ha mantenido cierta reserva sobre los números exactos en los decretos marco, ya que el MIC indica que estas sirven como base para negociaciones individuales.
Expertos señalan que el objetivo es bajar del promedio industrial actual (aprox. USD 40-50 por MWh) para competir con mercados globales. Por su parte, el MIC aclara que la ANDE mantiene la “lapicera final” si no hay disponibilidad técnica, no se firman los contratos a esos precios preferenciales.
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien en un principio evitó hablar sobre la decisión del Poder Ejecutivo, finalmente, salió a reconocer que el decreto establece tarifas. No obstante, el funcionario asegura que se analizará caso por caso y que la firma de contratos, así como los plazos (el decreto establece hasta 15 años) para las tarifas, dependerán de varios factores. Afirmó que no se celebrarán compromisos que atenten contra los intereses de la empresa a su cargo.
Una vez más, nos encontramos en un escenario de sigilo sospechoso vinculado a la decisión de este Gobierno.
