De los 80 diputados, solo 18 se presentaron a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que debía tratar como único punto la derogación de la ley que unifica y aumenta el costo de las habilitaciones a nivel país.
Esta normativa, que fue promulgada el 13 de enero por el presidente Santiago Peña, desató fuertes críticas en varios municipios debido a la forma de plantear los costos y de beneficiar a los vehículos de alta gama. Incluso algunas localidades presentaron acciones de inconstitucionalidad.
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Pese a ser una ley que impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes, el tablero electrónico de la Cámara Baja reflejó la ausencia de 62 parlamentarios en la sede legislativa, donde, además, uno de sus miembros fue implicado en un esquema de corrupción pública y manoseo de la Justicia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata del diputado oficialista Orlando Arévalo, quien habría recibido dinero y ayudado a blanquear a fiscalas investigadas en el órgano extrapoder.
El único miembro de Honor Colorado que se presentó fue el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.
Ante ese escenario que salió a la luz pública en los últimos días, la bancada oficialista y aliados prefirieron hacer el vacío a la convocatoria.
La revelación de los chats que se extrajeron del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes mostró fuertes indicios de presuntos hechos punibles de tráfico de influencias, coima y lavado de dinero.
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Frente al escándalo político y judicial, Arévalo pidió permiso por tiempo indefinido en el JEM, en el que ocupa el cargo de vicepresidente primero.
La bancada oficialista sigue sin definir una postura, mientras que la bomba mediática continúa ganando magnitud, ya que se trata de un órgano extrapoder que juzga a fiscales y jueces por mal desempeño de funciones.
En tanto, la diputada opositora Rocío Vallejo presentó el libelo acusatorio para la pérdida de investidura de Arévalo, cuyo documento puso a disposición de los colegas para recolectar firmas e impulsar su expulsión.
