Los senadores se ratificaron en su versión en el proyecto de ley que establece medidas de impulso a los programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia del Covid-19.
Con 27 votos, los senadores lograron mantener las exigencias de los labriegos apostados en el microcentro de Asunción desde hace varios días. El documento autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión, colocación y mantenimiento en circulación de bonos del Tesoro Público en el mercado local y/o internacional hasta el monto de USD 57 millones.
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La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo establecía solamente al Ministerio de Obras Públicas como beneficiario del proyecto para, a través de las obras públicas, reactivar la economía pospandemia.
Sin embargo, en un primer estudio, la Cámara de Senadores designó USD 25 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería para programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina y USD 32 millones para la inversión en obras públicas.
Esta propuesta fue modificada por la Cámara de Diputados, que decidió limitar la emisión de bonos hasta el monto de USD 25 millones para ser destinado, exclusivamente, al sector campesino, pero reprogramando los gastos previstos para transferencias que finalmente quedaron con un fondo de solo USD 1,5 millones y se dejaron de lado los recursos para el MOPC.
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El documento pasó nuevamente a Diputados que como cámara revisora tendrá la decisión de ratificarse o aceptar la versión de los senadores.
Debate
El estudio del proyecto generó un versus entre el Frente Guasu y el Partido Patria Querida, el senador Stephan Rasmussen criticó que el proyecto sea devuelto totalmente “mutilado” y calificó el documento como “extorsivo”.
“Este es un dinero que se va a ser vía transferencia, sin control. Critico la inutilidad del Gobierno de poder dialogar y buscar soluciones a mediano plazo. Inutilidad del Gobierno para mantener el orden”, señaló.
Sostuvo que dicha transferencia no es necesaria “porque el MAG tiene un préstamo recién aprobado de USD 100 millones, que fácilmente se puede utilizar para este y otros reclamos. El Ejecutivo debe buscar dialogar y dar solución real y no soluciones parches”.
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“Nosotros tenemos dos modelos de Paraguay, tenemos gente que compra de sus recursos y otro que espera que caiga maná del desierto. Gente que desde 27 años visita a Asunción pero no nos muestran nada de lo que consiguen. Es un modelo extorsivo, es abuso”, apoyó a su turno Giorgia Arrúa.
Alegó que el proyecto tiene cero trazabilidad y cero resultado. “No vamos a tener resultados distintos haciendo lo mismo”, puntualizó.
Criminalizar la lucha campesina
A su turno, Hugo Richer, senador del Frente Guasu, lamentó las expresiones de sus colegas e hizo mención a la falta de igualdad de oportunidades como un problema estructural. Dijo que nuevamente se trata de criminalizar la manifestación campesina.
En el mismo sentir, el senador liberal Víctor Ríos cuestionó a quienes desean criminalizar la lucha de los campesinos. Aseguró que no se toman posturas similares en otras ocasiones.
Por su parte, el ex ministro del MAG Rodolfo Friedman (ANR) aseguró que muchas familias paraguayas salieron de la pobreza y tuvieron éxito en sus proyectos productivos. Dijo que existen varios programas donde familias enteras siguen con el modelo.
“Hoy cientos de estos compatriotas necesitan de la asistencia del Estado. Hoy no tienen otra posibilidad más que salir a las calles. ¿Por qué los tenemos que criminalizar? Tienen todo el derecho de presionar. O los grandes tractorados no paralizaron el país. Hay diferentes formas de movilizarse”, dijo Friedmann.
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El senador colorado Enrique Riera cuestionó que los últimos ministros de Agricultura están procesados y criticó que se hayan hecho entregas de dinero a líderes campesinos, sin realizar un seguimiento para verificar que la asistencia llegue a todos los productores y sin ayuda técnica.
El legislador abogó por aprobar la versión enviada por Diputados, ya que la versión del Senado sería entregar dinero a pérdida. Afirmó que el error vino desde el Poder Ejecutivo. “El mal menor sería aprobar la versión de la Cámara de Diputados”, añadió.
Blanca Ovelar (ANR) instó a sus colegas a que asuman el compromiso de dar respuestas a la clase campesina. Recordó que el Congreso sancionó recientemente una ley de asistencia integral a campesinos.
“De nosotros depende que avancemos en la implementación de la ley de restauración de la agricultura familiar campesina que hemos aprobado en este Congreso. Conozcamos la ley y pisemos los talones al organismo contralor”, señaló.
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Ovelar reconoció que durante años hubo “pillos” de todos lados, incluso de su partido, que se dedicaron a robar el dinero destinado a los campesinos. “Tengo vergüenza de la deuda histórica de mi partido con el campesinado”, añadió.
Pedro Santacruz (PDP) lamentó que los senadores que defendieron a otros sectores en sus presiones hayan criminalizado la lucha campesina. Recordó que incluso los sojeros habían recibido subsidios en diferentes zafras.
“Algunas personas que critican son los mismos que ocupan parques nacionales, que no pagan impuestos. Al Estado le cuestan USD 240 millones las cuestiones relacionadas al tabaco y recauda del sector USD 70 millones. La clase media es la que sostiene al Estado”, dijo.
El legislador llamó a acabar con los discursos de odio que solo buscan criminalizar a los campesinos. “Tenemos que empezar a discutir la cuestión de fondo”, señaló.
